Ley de Financiamiento es un akarasy para los partidos

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Conexión de legisladores con actividades narcos, según la denuncia del Senador Arnaldo Guzzio. (Infografía del Diario Extra).

 

El 5 de febrero deberá tratarse en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados las modificaciones a la polémica Ley 4743/12 de financiamiento político, que pretende, entre otras cosas, un mayor control sobre quiénes aportan para las campañas electorales y el origen de los fondos. El objetivo es evitar que narcos financien a políticos.

Si bien la normativa fue aprobada en 2012 y tuvo el acompañamiento necesario de los legisladores, ahora que se pretende impulsar la modificación a la misma, se ha generado una serie dudas sobre su aplicabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que la intención es que esta Ley entre en vigencia para las próximas elecciones municipales (noviembre)

En caso de concretarse su aprobación, esta normativa entrará a regir en las municipales y supondrá, teóricamente, que los Partidos Políticos controlen y exijan documentar y justiciar los aportes como los gastos de sus candidatos o movimientos y de esta manera evitar que los narcotraficantes financien a los políticos o se sirvan de la política para proteger sus intereses.

Akarasy

El problema de la normativa es que a partir de ahora las finanzas de las internas deben transparentarse y justificarse hasta el último centavo y los Partidos no están preparados para enfrentar técnica ni administrativamente esta “ola” de transparencia y mucho menos exigir la documentación que avalen los gastos.

Hace días se hicieron públicas a través de la prensa las declaraciones del tesorero de la ANR, Fernando Ayala; y de su colega del PLRA, Iris Rocío González. Ambos admitieron que los partidos no están preparados para controlar a sus precandidatos en las internas.

Ayala reconoció que “es muy difícil controlar” y que “recién ahora” se propondrá a la Comisión Ejecutiva del partido un mecanismo de control de los fondos para las campañas políticas. En tanto, Iris González, resaltó que no tienen cómo controlar a los que financian candidaturas con dinero sucio porque sólo están obligados a pedir rendición de cuentas de gastos de campañas de candidatos, ¿Cómo se controla a estas personas que no están en las finanzas públicas? se preguntó.

Lo cierto y concreto es que queda a la vista que los partidos tradicionales no tienen cómo controlar los gastos en campañas ni los aportes de los “sponsors” y mucho menos poseen un mecanismo administrativo para exigir, fiscalizar y eventualmente sancionar a los que incumplan la ley.

Más allá del “akarasy” que significará para los Partidos iniciar un control a sus candidatos y aportantes, más difícil será romper con la cultura de la prebenda y trato bajo la mesa. Sólo la voluntad política de las cúpulas partidarias permitirá que esta ley no sea letra muerta.

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