Procurador y ministros de la CSJ estarían operando a favor de hermana de Juan Arrom

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El procurador general de la República, Sergio Coscia, y dos ministros de la Corte Suprema de Justicia se encuentran operando fuertemente para que el juez Víctor Alfieri disponga el cese de la querella instalada a Cristina Arrom Suhurt (hermana del prófugo Juan Arrom, responsable del secuestro de María Edith de Debernardi), sugererida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comentaron fuentes del Poder Judicial. La querella había sido presentada por Esteban Aquino, actual ministro de Inteligencia, por difamación, calumnia e injuria.

Los ministros de la Corte Eugenio Jiménez Rolón y Manuel Ramírez Candia, con Sergio Coscia, ya opera fuertemente a fin de que la medida del magistrado Alfieri se ciña a los deseos de la hermana del prófugo iniciador de la industria del secuestro en Paraguay, Juan Arrom, de cesar la querella, indicaron nuestras fuentes.

Esta situación se contrapone con las posturas claras de los ministros de Corte Antonio Fretes, Miriam Peña, Gladys Bareiro y César Garay Zuccolillo, quienes se mantuvieron a favor de la soberanía de nuestro país y de nuestro sistema judicial, señalando que es el juez Alfieri quien debe obrar de acuerdo a su buen entender y a lo que señala la Constitución Nacional y las leyes de la República.

Trascendió que el procurador Sergio Coscia envió un emisario, el abogado Ariel Salinas, junto al juez Alfieri a fin de presionarle a fin de que acate la recomendación de la muy desacreditada Corte Intermericana de Derechos Humanos, de dejar cesante la querella.

De ésta manera, lo que se torna claro es que el seguimiento del caso queda exclusivamente en manos del juez Víctor Alfieri.

Más allá de la presión, el magistrado Víctor Alfieri posiblemente no le seguirá el juego a los secuestradores, iniciadores del terrorismo del EPP, ni a la muy politizada pro delincuentes CIDH, y que elevará a juicio oral la causa por difamación, calumnia e injuria a la hermana del prófugo Juan Arrom, indicaron nuestras fuentes.

Los fundamentos de la querella (Esteban Aquino), se basan en lo establecido en la Constitución Nacional y el Pacto de San José.

Lo que dice la Constitución:

Artículo 4 – DEL DERECHO A LA VIDA
El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la liberta de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos.

Artículo 33 – DEL DERECHO A LA INTIMIDAD
La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas.

Artículo 137 – DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION
La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución.

Lo que dice el Pacto de San José:

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
  2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
  3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 25.  Protección Judicial

  1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
  2. Los Estados Partes se comprometen:
     a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
     b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
     c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso

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