El Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) es una entidad que siempre convivió entre el apriete de su realidad social sensible y presupuestaria, y las manos largas de la desprolijidad que bien puede encaminar a mayor corrupción.
La informalidad, casi históricamente, es toda una característica del Incan. La nueva administración de Raúl Doria, médico que luego de 30 años trabajando en Estados Unidos, retornó para estar al frente del hospital, está teniendo, en tal sentido, algunas particularidades.
Un ejemplo es el corrillo de rumor que circulaba por el nosocomio, que tuvo su origen en una publicación fijada en la página de Facebook de Lucía Ishiy, abogada de la Defensoría del Pueblo, encargada de los pedidos de recursos de amparos para drogas oncológicas.
La citada publicación hacía mención a manoseos y comportamientos indebidos, dejando el espacio para la especulación y hasta para una presión mediática y social. Todo al parecer se debió a una reunión general entre autoridades de salud pública, Niñez y Adolescencia, Defensoría Pública y Del Pueblo, donde se analizó la factibilidad para ordenar el tema de los amparos, siempre de acuerdo a nuestras fuentes.
Ante el ejercicio aún vigente de la ausencia de formalidad en el manejo de la lista de pacientes, se conoció el texto de la doctora Ishiy, quien (según se supo) fue la misma que llamó a un programa periodístico donde estaba el doctor Doria, por lo que se presume hay una intención de un sector que se siente incómodo ante la gestión del nuevo director del INCAN y las máximas autoridades de Salud, pues hasta se habla de una denuncia por desacato.
Lo cierto es que en la misma línea del INCAN está la dirección del Hospital de Clínicas, de la que está al tanto la misma ministra de Salud, María Teresa Baran. Es decir, existe una intención de controlar el uso de los fármacos que se distribuyen vía amparos. Eso tiene como objetivo cuidar de los recursos públicos y que los remedios sean todos bien utilizados, en tiempo y forma, en los pacientes, sin discriminación alguna.