Una mayoría colorada en bloque, tanto cartista como oficialista, salvó al Gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista) y mandó al archivo el pedido de intervención, pese a serios indicios de desvío de fondos que debían ser destinados a la recuperación tras la pandemia de covid-19. Los diputados ignoraron que el N° 2 está imputado por delitos graves como lesión de confianza y otros, además se tiene indicios suficientes de irregularidades. Se habla de la mesa directiva y otros proyectos de interés del Ejecutivo como moneda de cambio.
Con 42 votos en contra de la intervención, 31 a favor de la intervención y 7 ausencias, se rechazó y mando al archivo el pedido. “La corrupción mata y Hugo Javier es responsable. Tenemos todos los elementos para decir que debe apartarse por 90 días”, afirmó el diputado Édgar Acosta (PLRA), miembro de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención y que argumentó el dictamen a favor de intervenir.
Ratificó que existen todos los elementos jurídicos y políticos para la intervención. Recordó que hay una imputación fiscal, así como sendos informes de Contraloría, de la Subsecretaría de Estado de Tributación y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
“Se montó un esquema para robar y se encontró la manera perfecta a través de las oenegés, con aliados inescrupulosos que se robaron dinero del pueblo paraguayo”, resumió Acosta, y dijo que lo que realmente se votará es “si vamos a seguir dándole confianza a Hugo Javier y su gavilla de seguir gestionando los bienes públicos”.
“Es todo tan burdo, tan sucio -para usar una palabra coloquial- en lo que representa el uso del dinero público, que ni se preocuparon de presentar planillas de rendición por G. 9.288 millones y peor aún respaldo documental de G. 18.000 millones”, recordó Acosta como solo uno de los elementos objetivos.
Con el argumento falaz de que supuestamente no existen “obras fantasmas” como se denunció, la bancadas coloradas blanquearon a Hugo Javier González, en medio de la desvergüenza y especulaciones ya de lo que ofrecieron como moneda de cambio.
El exanimador se encuentra imputado junto a otras 14 personas por los delitos de presunta lesión de confianza, declaración falsa, producción y uso de documentos no auténticos y asociación criminal, por el presunto desvío de parte de unos US$ 1 millón que debían ser destinados para la reactivación económica durante la pandemia.
“La auditoría del Poder Ejecutivo dice, ‘Podemos concluir que los procedimientos administrativos y el sistema de control interno vigentes en el ente sujeto a control, no son confiables ni satisfactorios debido a las siguientes observaciones: transferencia de fondo entidades no habilitadas por salud, donación irregular de bienes y facturas falsas, facturas que no corresponden a entidades que deben prestar ese tipo de servicios”, destacó por su parte en favor de la intervención, la diputada Rocío Vallejo (PPQ).
“No voy a acompañar nunca la mentira”, dice Paniagua
Ángel Paniagua (ANR, oficialista), presidente de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención fue el único que se animó a tratar de defender a Hugo Javier. “Jamás escuché tantas mentiras, jamás escuché tanta falsedad”, dijo el diputado colorado, que no obstante reconoció que no tuvo en cuenta los elementos de la imputación, ni los reportes de otras instituciones, “porque eso se tiene que dirimir en la justicia”.
Uno de los pocos argumentos de Paniagua fue que visitaron 14 obras, y todas estaban, por lo que supuestamente no correspondía acusar de obras “fantasmas”. El diputado Édgar Acosta lo refutó recordárdandole que la lista de obras que visitaron la realizó la Gobernación y no los concejales denunciantes, y que no hay ningún elemento que certifique que dichas obras sean las que corresponden a los desembolsos.
“A mí me sorprende cómo fácilmente la gente acusa y miente, me sorprende de sobremanera todo lo que se ha apuntado hoy. Presidente, en lo que refiere a la posibilidad de determinar la existencia de un delito, tanto la Constitución como las leyes respectivas establecen que dicha función corresponde a otro órgano del Estado, y más específicamente al Poder Judicial, correspondiendo al Ministerio Público probar dichos extremos”, dijo Paniagua, desentendiéndose de evaluar otros elementos como el de las facturas falsas.
El diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) también trató de defender a su correligionario, diciendo que “ninguna administración es perfecta”. Trató de negar también la existencia de irregularidades, diciendo que como máximo las observaciones de Contraloría son sugerencias para “corregir”.
Moneda de cambio
Ningún respaldo es gratis, y si bien evidentemente los términos del apoyo a Hugo Javier no son admitidos públicamente, se menciona de que ya se negoció la mesa directiva del próximo año en Cámara de Diputados, así como algunos proyecto de Ley de interés para ambos sectores.
En la sesión de hoy por ejemplo adelantaron la elección de defensor del Pueblo Adjunto, un escollo para el oficialismo colorado, que ha fracasado en dos ocasiones previas en la designación de su candidato, Rafael Ávila. También el Ejecutivo hace tiempo está pendiente de la aprobación de un préstamo de US$ 43 millones para el censo 2022.
Fuente: ABC COLOR