El Gobierno de Mario Abdo Benítez es motivo de burla regional por la fuga masiva de presos de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Más de 70 prisioneros, varios de ellos peligrosos delincuentes del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, salieron de la cárcel por un túnel que no pudo pasar desapercibido, según reconoce ahora el propio Poder ejecutivo. Los organismos de inteligencia habrían manejado la información pero la desestimaron o recibieron dinero para ignorarla, según se sospecha. El plan era un secreto a voces no solo en la cárcel, sino en la capital departamental, ya que había un incesante movimiento del equipo externo que preparó la logística para la fuga, informaron fuentes del Ministerio del Interior encargados de investigar la negligencia.
Las informaciones sobre el plan de fuga comenzaron a conocerse a mediados del 2019 y varias de ellas se hizo eco la prensa. Los últimos datos sobre las intenciones de los miembros del PCC salieron publicados en diciembre. Sin embargo, ya las autoridades comenzaron a mirar hacia otro lado, ya que el dinero que corría era mucho, destacaron nuestras fuentes.
Repercusiones
El caso ya hizo que el viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, presente su renuncia al cargo tras conocerse una investigación de la Fiscalía de Brasil que lo vincula con un esquema de corrupción que también alcanzaría al fiscal Armando Cantero. En la tarde del domingo, también la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, presentó su renuncia al Presidente de la República durante una reunión realizada en Mburuvicha Róga, pero todo quedó en un intento porque el Mandatario no le aceptó la intención de retirarse del frente de la cartera, encargada de las cárceles del país y de la política penitenciaria del país.
“Hugo Volpe puso a disposición su cargo. El Presidente lo relevó de sus funciones. El mandato preciso es que se llegue a los mecanismos necesarios para conocer la verdad de los hechos”, afirmó Arnaldo Giuzzio, ministro de la Senad, en conferencia de prensa, desde la Fiscalía General del Estado por el caso de la fuga masiva de presos de la cárcel de Pedro Juan Caballero.
Según mencionaron las autoridades, existen indicios de que fiscales y otros representantes del Ministerio Público paraguayo estarían involucrados en hechos de corrupción.