El proyecto de declaración del Senado aprobado por 20 votos “expresa su preocupación por la situación procesal de jóvenes que han ejercido su derecho constitucional a manifestarse e insta a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General del Estado a auditar las causas de los jóvenes privados de su libertad por motivos políticos”. Varios juristas y magistrados calificaron la acción parlamentaria como una grosera intromisión de un poder a otro.
El pedido de auditoría que pide el Senador se refiere a los estudiantes Vivian Genes, Luis Trinidad y Pedro Areco, quienes estuvieron presentes en las manifestaciones frente a la Asociación Nacional Republicana el 17 de marzo, para protestar contra la escasez de medicamentos y la mala gestión de la crisis sanitaria. Esa noche un incendio consumió parcialmente un sector del predio, donde funciona el albergue “Colorado Roga” y la Fiscalía exhibió grabaciones que mostraban a los mencionados como cabecillas del siniestro.
La declaración consta de dos artículos y fue propuesta sobre tablas por el senador liberal y candidato a presidir el PLRA Enrique Salym Buzarquis, quién argumentó la iniciativa diciendo que “estos hechos (quema y vandalismo) se tienen que investigar y por supuesto que no estamos de acuerdo, pero vemos que la investigación no es objetiva”.
El senador Enrique Riera fue uno de los que argumentó en contra de la iniciativa, alegando que la misma constituye una injerencia sobre otro poder del Estado. Riera sostuvo que supuestamente, al tener el Senado dos representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, “el mensaje es demasiado potente, prácticamente le están diciendo a esa jueza a esa fiscal que están en la causa: tarjeta amarilla”.
El 30 de marzo pasado, la jueza interina Hilda Benítez Vallejo dictó la prisión preventiva de los estudiantes universitarios que fueron imputados por la quema de Colorado Róga, Luis Trinidad, Pedro Areco y Vivian Genes. También ordenó la captura de los imputados Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes no comparecieron para la audiencia.
Entre sus argumentos, la jueza dijo que los cinco acusados tenían orden de detención desde el 19 de marzo y no se pusieron a disposición de la Fiscalía.