El cáncer de las empresas de servicios públicos es la tarifa política y el desarreglo institucional que le acompaña, sostuvo el consultor independiente Guillermo López Flores, de la Fundación Feliciano Martínez, entidad sin fines de lucro que busca la capacitación de las personas en la vida política, sociedad y medioambiente, entre otros.
El comentario de López Flores pretende arrojar luz a unas discusiones que se dan en la contienda electoral, entre dos presidenciables de los principales partidos políticos, quienes ninguna de las partes logra probar su tesis. Mientras, uno de ellos, el del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), habla de reducir la tarifa de energía eléctrica a través de la eliminación de los gastos sociales de las binacionales, el otro, Santiago Peña califica a aquel de apuntar a un “discurso populista, diciendo que va a regalar la plata, ya que de su trabajo no va a ser porque nunca trabajó”, según Peña.
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López Flores explica que el gran desafío del sector eléctrico (y energético) paraguayo es la necesidad de modernización para adecuarse a los tiempos. Dijo que la ANDE está organizada y se rige por una ley del año 1964. “Paraguay es el único país del continente americano que en más de medio siglo no ha realizado modificación estructural a la organización de la industria eléctrica ni energética en general”, sostiene.
Agregó que el sistema local está totalmente desfasado y totalmente asimétrico con respecto a las reglas de mercado de los países de la región. ¡Y pretendemos exportar a esos países bajo reglas de mercado abierto y competitivo!, mencionó.
El consultor señaló que el modelo ANDE de la ley 966 de 1964 ha sido un modelo exitoso que ha llevado a niveles de cobertura del servicio a niveles elevadísimo, pero hoy día después de más de medio siglo, ese modelo está totalmente perimido, arcaico y económicamente ineficiente.
“Para tener empresas eficientes y un sector eléctrico económicamente sanas las tarifas deben dejar de ser determinadas por la coyuntura política y los políticos; las tarifas deben corresponder a costos reales eficientes y la empresa debe obtener una utilidad (8% en caso de ANDE) acorde con el sector de actuación”, sostuvo López Flores.
PROFUNDA REFORMA
El técnico manifestó que el sector requiere una profunda reforma estructural modernizadora, pero en forma pausada, prudente y consensuada con los estamentos afectados, ya que es un tema extraordinariamente político y socialmente muy sensible y se afecta a intereses directos de poderosas partes felices con el esquema actual.
