La discusión económica en Paraguay se encuentra polarizada tras el último informe del Banco Central del Paraguay (BCP), que situó la inflación del mes de agosto en un 0%, acumulando una variación del 1,8% en lo que va del año y una tasa interanual del 1,5%.
Mientras la banca matriz defiende estos resultados como un reflejo de estabilidad macroeconómica, economistas independientes, analistas y centrales obreras han lanzado duras críticas sosteniendo que la metodología utilizada es subjetiva y está completamente desconectada del costo de vida real de las familias.
El cuestionamiento principal de gremios como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) radica en que el BCP promedia una canasta general de 465 productos, lo que genera que la baja transitoria en bienes durables o tecnología termine «licuando» y ocultando los incrementos severos que sufren los alimentos esenciales cotidianos como la carne, las verduras y los lácteos.
Esta distorsión estadística es calificada por los sectores críticos como un perjuicio directo para la clase trabajadora, ya que la ley paraguaya obliga a reajustar el salario mínimo basándose de forma exclusiva en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del BCP, congelando el poder adquisitivo en la calle.
Por su parte, las autoridades del Banco Central rechazan las acusaciones de manipulación y argumentan que la institución aplica fórmulas técnicas estandarizadas y auditadas internacionalmente, señalando que las quejas se basan en percepciones individuales del consumidor y explicando que el 0% de agosto se debió a un equilibrio matemático perfecto, donde las subas en combustibles y servicios fueron compensadas por bajas puntuales en ciertos cortes de carne y productos frutihortícolas.