Tatiana Verónica Marset Alba, investigada formalmente por los delitos de asociación delictuosa y tráfico o portación de armas, abandonó esta semana el penal de alta seguridad de Palmasola tras lograr el beneficio de arresto domiciliario y arraigo dictado por la Justicia boliviana.
La liberación de la joven uruguaya de 22 años ha desatado un fuerte debate en el mundo del crimen organizado, debido a la desconcertante ligereza con la que la opinión pública, encandilada por su belleza y popularidad en las redes sociales, parece pasar por alto la peligrosidad de la red criminal transnacional en la que se encuentra implicada.
Su hermano, el temido capo del narcotráfico Sebastián Marset, permanece recluido en una prisión federal de máxima seguridad en los Estados Unidos, donde fue extraditado por la DEA tras enfrentar graves cargos de narcoterrorismo, conspiración y lavado de dinero a escala internacional.
El contraste entre los crímenes que se le atribuyen al clan y la fascinación estética que despierta la imputada alcanzó su punto máximo horas antes de su excarcelación. En un hecho insólito para la crónica policial, Tatiana pasó directamente de su celda a un salón de belleza en Santa Cruz de la Sierra para ser maquillada y peinada antes de presentarse ante los medios de comunicación.
En su perfil de redes sociales, donde solía presumir una vida de lujos con autos blindados de un cuarto de millón de dólares, la joven cuenta con una masiva base de seguidores masculinos que inundaron las plataformas con mensajes de apoyo idólatras, llegando al extremo de postularse masivamente como garantes económicos de su fianza sin siquiera conocerla en persona.
Esta oleada de popularidad, sumada a los rumores de su postulación como reina de agrupaciones carnavaleras tradicionales de la región, ha encendido las alarmas de expertos en seguridad, quienes advierten sobre un preocupante fenómeno de romantización de la narcocultura. Mientras Tatiana asegura ser solo una «estudiante y modelo de vacaciones» que ignora los negocios de su hermano, la fiscalía sostiene que la estructura criminal moviliza millones de dólares y que el riesgo de fuga sigue latente bajo la custodia del grupo táctico DELTA.