En el marco de la presentación oficial del balance financiero del Estado Paraguayo (2025) ante el Congreso, el contralor general desnudó un histórico «caos administrativo» superior a los USD 650 millones, salpicando directamente las gestiones de Vicente Bataglia y Jorge Brítez.
En un escenario de alta tensión institucional, el contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó este lunes ante la presidencia del Congreso Nacional el Informe y Dictamen sobre la ejecución financiera del sector público paraguayo. El acto formal sirvió como el contexto clave para que el titular del órgano extrapoder catalogara abiertamente al Instituto de Previsión Social (IPS) como «por lejos, la institución más desordenada hoy día dentro del Estado paraguayo». Las auditorías forenses aplicadas a la previsional revelan un monumental descontrol contable que supera los 650 millones de dólares y que pone en jaque la sostenibilidad de la seguridad social del país.
El balance del descontrol: Un esquema crónico con fallecidos. El hallazgo más escandaloso del informe guarda relación con el desembolso sistemático de haberes jubilatorios a personas difuntas. Al auditarse los registros del ejercicio fiscal, la Contraloría constató que el IPS pagó más de G. 50.000 millones a un total de 11.000 jubilados que ya habían fallecido.
Benítez aclaró que la gravedad del asunto radica en la reincidencia: este esquema ya había sido formalmente advertido por la Contraloría a las autoridades del IPS en el año 2024, pero las alertas fueron ignoradas y la sangría financiera siguió activa de manera impune y se volvió a repetir durante el periodo examinado. Frenar este desvío de fondos era «tan sencillo como aplicar un cruzamiento digital de datos automatizado con el Registro Civil», lamentó el contralor.
A la par de este fraude, la fiscalización detectó otros focos rojos en la gestión económica de la previsional: Medicamentos desaparecidos: Tras exigir la sincronización de los sistemas hospitalarios y contables, el inventario de fármacos registró una disminución abrupta del 45%, arrojando una brecha no aclarada de G. 624.491 millones. “O se registró mal, o en el peor de los casos desaparecieron los medicamentos”, advirtió Benítez, reiterando el pedido de incorporar tecnología para trazabilizar de forma urgente los gastos de consumo e insumos.
Deuda flotante crónica: La institución arrastra año a año un pasivo flotante de G. 1 billón (unos USD 135 millones) que compromete severamente su capacidad diaria de compra de insumos básicos para los asegurados. El rol de los expresidentes: Bloqueo a controles e imputación fiscal. Al desglosar las responsabilidades del descalabro previsional, Camilo Benítez se refirió puntualmente a las administraciones de los expresidentes del IPS. Reveló que el extitular Vicente Bataglia opuso una tenaz resistencia histórica a los controles, obligando a la Contraloría en reiteradas ocasiones a recurrir a la Justicia y a ejecutar órdenes de allanamiento para acceder a los archivos contables. En contrapartida, el contralor reconoció que el posterior titular de la entidad, Jorge Brítez, promovió un pedido de auditoría interna que ayudó a desentrañar varias de las inconsistencias heredadas.
Este lapidario reporte financiero se publica en un momento judicial crítico para la institución. Semanas atrás, la Fiscalía paraguaya ordenó una histórica imputación penal por supuesta lesión de confianza contra Vicente Bataglia y Jorge Brítez, investigados en una causa paralela por un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones vinculado a la firma de adendas irregulares para la instalación de «quirófanos modulares fantasmas» en el Hospital Central. Todo el paquete de auditorías entregado este lunes por Benítez al Congreso fue remitido directamente al Ministerio Público para ampliar las investigaciones penales contra las exautoridades del IPS.