La diputada del Encuentro Nacional, Kattya González, apoyada por otros colegas de la oposición, impulsa un plan para crear una Fiscalía paralela que operara en la misma Cámara de Diputados a través de una mesa receptora de denuncias. Esto es considerado como una abierta intromisión de un poder de Estado a otro teniendo en cuenta que el Ministerio Público es parte del Poder Judicial, advirtieron varios abogados y legisladores.
Ante la dificultad de los votos para el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ahora la idea es convertir a la Cámara de Diputados en oficina de receptora de denuncias fiscales. Así ganarían tiempo, estarían en la prensa que apoya tal injerencia de Estado y, de paso, conocerían el estado de las causas judiciales.
El esquema bien montado viene de la mano de estudios jurídicos cercanos a parlamentarios que litigan en casos grandes y con clientes políticos . Es decir, muy bien podrían saber el fondo de una determinada causa y luego harían presión, hasta podría darse tráfico de influencia, para forzar una determinada carpeta. Varios abogados sin padrinos políticos están en desacuerdo con la idea.
El plan es la creación de una mesa receptora de denuncias, que como supuesto objetivo principal es buscar que los ciudadanos reporten hechos irregulares en la actuación de agentes del Ministerio Público y en especial de la fiscala general. En caso de aprobarse, la instancia estaría a cargo del Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, integrada por un grupo de diputados que deberán monitorear las funciones de la mesa y elaborar propuestas de soluciones. En el Frente es presidenta justamente la diputada Kattya González.
Por de pronto, la fiscalía paralela es un ardid más contra la titular del Ministerio Público, una intromisión de un poder de Estado a otro y -posiblemente- un espacio para los negocios extrajudiciales.