Recién después de la tragedia del 15 de agosto que dejó 4 muertos y 10 heridos en el cruce de Pedrozo, el MOPC anunció un «nuevo esquema de circulación» en el km 47 de la ruta PY02: el retiro del semáforo y el cierre definitivo de la abertura central. La medida llega 15 años después del accidente más grave de la zona, en 2011, cuando murieron 15 personas tras el choque de un bus y un tractocamión.
El plan oficial incluye retornos en los km 45,8 y 48,6 para que vecinos y conductores cambien de sentido o accedan a las comunidades, la construcción de una pasarela peatonal, y carriles de aceleración y desaceleración para «ordenar y reforzar la seguridad vial». Mientras avanzan las obras, prometen presencia de la Patrulla Caminera, banderilleros y señalización temporal.
El problema es que Pedrozo ya es conocida como la «Bajada de la Muerte» y las soluciones llegaron siempre tarde. Desde 2011 se registraron al menos 13 accidentes graves y más de 30 muertos en el tramo. En 2022 se instaló un semáforo. En 2023 se habilitó una rampa de frenado.
Ninguno evitó que en agosto un camión volquete sin frenos embistiera a vehículos detenidos en luz roja. La nueva propuesta obliga a las comunidades a recorrer 3 km más para cruzar, pero no ataca el fondo: la falta de control a frenos y velocidad de camiones que descienden del cerro Caacupé.
La pasarela protege al peatón, los retornos ordenan el tránsito local, pero los autos seguirán haciendo fila y expuestos a que otro vehículo pesado se quede sin frenos cuesta abajo. Anunciar esto como un logro después de décadas de reclamos y luto suena más a reacción política que a política pública. La pregunta que queda flotando en Pedrozo es la misma de siempre: ¿cuántas muertes más hacían falta para tomar esta decisión?