El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, anunció un acuerdo que establece un reajuste salarial del 5% para los docentes en 2027 junto con nuevos recursos para el escalafón, el cumplimiento de compromisos pendientes y la cobertura de necesidades del sistema educativo. El entendimiento fija además plazos concretos para avanzar en la implementación de la carrera docente con criterios de formación, evaluación y meritocracia.
El reajuste se aplicará en dos etapas (2,4% desde enero y 2,6% adicional desde julio de 2027) con un impacto estimado de USD 47 millones La Nación, sumándose USD 9 millones para el escalafón, G. 40.000 millones para la deuda histórica con el IPS desde 2015 y G. 35.000 millones para la cobertura de déficits derivados del crecimiento natural del sistema.
Pese al optimismo del Ejecutivo, el conflicto laboral en las escuelas públicas está lejos de cerrarse debido a una profunda división interna. Mientras la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), liderada por Silvio Piris, junto a la APE, ADP y Adofep aceptaron la propuesta y levantaron las medidas de fuerza, un bloque disidente compuesto por cinco organizaciones masivas —la UNE-SN (Unión Nacional de Educadores), la OTEP-A (Organización de Trabajadores de la Educación – Auténtica), la OTEP-SN, el MAS-MP-SN (Movimiento de Acción Sindical) y EA (Educadores Agremiados)— rechazó el pacto y ratificó una huelga nacional de 48 horas, medida a la cual también se plegó el Sinadi (Sindicato Nacional de Directores) ante la falta de respuestas estructurales.
Este sector movilizado considera «irrenunciable» la exigencia de un reajuste salarial del 8% . Dirigentes como Gabriel Espínola (OTEP-A) y Rafael Resquín (UNE) criticaron duramente a la cúpula de la FEP acusándola de «entrega y traición» a las bases, argumentando que el Gobierno intentó imponer el acuerdo de manera abrupta y sin debate real ABC Color.
Denuncian, además, reclamos de fondo alarmantes: un recorte presupuestario de G. 56.000 millones aplicado por el Ministerio de Economía, un déficit de 259.000 horas cátedra que deja aulas vacías y una reducción del 70% en los fondos de gratuidad escolar que obliga a los educadores a costear insumos básicos de limpieza e infraestructura de sus propios bolsillos.
El presidente de la República, Santiago Peña, valoró el acuerdo firmado con el sector oficialista como parte de un proceso continuo de reivindicaciones salariales y fortalecimiento de la educación pública (en dimensiones que abarcan infraestructura, materiales y alimentación escolar), reconociendo la articulación de las conversaciones lideradas por el vicepresidente Alliana y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). No obstante, la fuerza de la huelga disidente —que estima dejar sin clases a cerca del 50% de las instituciones del país— provocó que el MEC se viera obligado a suspender provisionalmente la distribución del almuerzo del programa «Hambre Cero» en departamentos clave como Asunción, Central y Presidente Hayes.
Por último, el ministro Luis Ramírez ratificó que el acuerdo trasciende lo salarial al fijar plazos concretos para la construcción de una carrera docente meritocrática con capacitaciones y evaluaciones, cuyos trabajos comenzarán en el último trimestre de 2026 y se desarrollarán durante el primer semestre de 2027. En contrapartida, las organizaciones que sí suscribieron el pacto aclararon que, paralelamente a los plazos técnicos establecidos, realizarán lobby ante el Congreso Nacional para intentar elevar el presupuesto del reajuste al 8% reclamado originalmente, trasladando el frente de batalla magisterial directamente a los debates parlamentarios y a las movilizaciones callejeras.