Lo que comenzó como una movilización ciudadana espontanea para criticar al Gobierno Nacional por su ineficiencia frente a las necesidades sanitarias provocadas por la pandemia del Covid-19, ahora está siendo tomada por la oposición para tratar de instalar a un títere hasta el 2023. Efraín Alegre, Fernando Lugo, Desirée Masi, Kattya González entre otros están avanzando en un plan para ubicar a un parlamentario frente al país, desconociendo que la protesta es contra la clase política en general. El discurso engañador es llamar a nuevas elecciones, solo para las cabezas del Ejecutivo, algo que no prevé la Constitución, excluyendo a los también cuestionados legisladores. De ser destituidos Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, quedará el senador Oscar «Cachito» Salomón como Presidente de la República y en todo caso las elecciones serán para elegir a un nuevo vicepresidente, tal como ocurrió en 1999, cuando asumió el senador González Macchi como titular del Ejecutivo en remplazo del renunciante Raúl Cubas Grau y eligieron a «Yoyito» Franco como segundo al mando para que reempleace al asesinado Luis M. Argaña.
La oposición hoy quiere repetir lo ocurrido en marzo de 1999: Ubicar al Presidente del Congreso, Oscar Salomón (González Macchi) y ubicar a un liberal en la Vicepresidencia vía elección popular, que podría ser Efraín Alegre (tal como lo fue Julio Cesar Yoyito Franco en el 99), para que luego el titular del PLRA reclame la Presidencia a Salomón, entrando así en una disputa sin fin, tal como fue aquel desastroso gobierno de González Macchi.
Los políticos de la oposición están buscando llegar al Poder a cualquier costo, sabiendo que si no aprovechan esta oportunidad, la ANR podría salir más fortalecida para el 2023.
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Un eventual juicio político ya traería terribles consecuencias en el área económica, que ni siquiera está recuperándose a causa de la cuarentena por pandemia; más aún si el proceso de enjuiciamiento rompe la línea de sucesión convencional establecido por la Constitución, se generaría un caos que pararía las inversiones hasta el 2024 por lo menos, teniendo así un paro importante en varios sectores de la economía.
El pueblo indignado debe darse cuenta que los políticos están echando mano a las iniciativas ciudadanas de protesta para quitar provecho. La situación de inestabilidad no le conviene a los trabajadores, a los empresario ni a nadie que se esfuerza día a día para llevar el pan a su mesa. Los legisladores tienen un millonario salario ya asegurado en el presupuesto nacional, así que poco o nada les importa las consecuencias de sus acciones, como siempre lo han demostrado.