Si alguna vez te dolió la cabeza y tuviste que madrugar a las tres de la mañana para conseguir un turno en el IPS (o conformarte con un té de tilo en casa), te tenemos una mala noticia para tu presión arterial: el Estado paraguayo tiene un remedio mucho más rápido, cómodo y, sobre todo, pagado con tu bolsillo.
En lo que va del año, las instituciones públicas ya destinaron la astronómica cifra de más de G. 112.000 millones (unos USD 14 millones) en contratos y licitaciones para seguros médicos privados de primer nivel.
La receta dorada del funcionariado: Mientras el paraguayo promedio reza para que haya stock de insumos básicos en los hospitales públicos, una selecta parte del aparato estatal se atiende en sanatorios privados gracias a generosos contratos de medicina prepaga financiados enteramente con recursos de todos los contribuyentes.
Para entender cómo se reparte esta gigantesca «pastilla» de millones, aquí te dejamos un desglose rápido de cómo se mueve este mercado de la salud premium estatal:
Los millones ya asegurados: Unos USD 4,82 millones ya fueron adjudicados oficialmente. Este monto beneficia a un variado grupo de dependencias que van desde oficinas de la Presidencia de la República hasta universidades públicas, municipios y entidades culturales.
En la sala de espera de aprobación: Otros USD 6,36 millones corresponden a licitaciones que siguen en curso. Entre los interesados en asegurar a su gente en el sector privado figuran el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) —que lidera las solicitudes—, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El último «empujón» financiero: El Banco Nacional de Fomento (BNF) decidió no quedarse atrás y abrió una licitación por un máximo de G. 22.800 millones (unos USD 2,85 millones) para mimar a sus funcionarios con una cobertura de lujo que ronda el millón de guaraníes mensuales por persona.
Las grandes ganadoras de este festival de la salud prepaga son reconocidas empresas del sector privado como Reyva, Promed, Santa Clara, Asismed, Sanavid y Unimed, que frotan sus manos cada vez que un ente público decide que el sistema de salud nacional no es «suficientemente bueno» para sus propios colaboradores.
Y ojo, que estos USD 14 millones son solo una muestra gratis. El cálculo ni siquiera incluye otros contratos colosales de carácter plurianual que ya venían corriendo de antes, como el del Ministerio de Justicia (unos USD 8,75 millones) o el del Ministerio de Obras Públicas (unos USD 8,62 millones).
Al final del día, la salud en el país sigue estando dividida en dos categorías: los ciudadanos comunes que sufren las carencias del sistema público en primera persona, y los funcionarios que lo administran desde la comodidad de una suite sanatorial privada. Mientras el debate sobre si estos recursos deberían usarse para equipar los golpeados hospitales del país sigue congelado, los contratos de medicina prepaga estatal gozan, irónicamente, de una salud sencillamente envidiable.
