La Fiscalía informó hoy lunes la imputación por lesión de confianza y otros delitos del gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González. Siguen la misma suerte otras 15 personas sospechosas de estar involucradas en el presunto desvío de fondos estatales mediante organizaciones no gubernamentales.
Si bien varios sectores de la prensa indican que la Fiscalía protege a los cartistas, hoy la institución volvió a demostrar que los referentes de Honor Colorado no son intocables, tal como ya se demostró con los González Daher, Víctor Bogado, entre otros. Esta vez le tocó el turno al gobernador de Central, Hugo Javier González.
El fiscal Rodrigo Estigarribia, de Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, a 5 meses de que tome estado público el caso, imputó al gobernador cartista por los delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Aun así, el gobernador y los demás imputados fueron beneficiados con la solicitud de medidas alternativas a la prisión.
Además fueron imputados el director general de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez; el presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo; el tesorero de la Fundación CIAP, Paulino De los Santos Palacios Recalde.
La lista sigue con Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP, y varios subalternos del gobernador, tales como la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud; el secretario de Obras Públicas, Armando Adolfo Soler Espínola; el exjefe de Tesorería, Luis Eduardo Allende Araújo; el asesor jurídico, Édgar José Zaracho Quintana; el jefe del Departamento de Presupuesto, Guido Rolando Portillo Torres; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, y el exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras, Adalberto Benítez Aguilera. Finalmente, también fueron imputados los contratistas Óscar Morel Oses y Óscar Laureano Gaete Gómez.
La Fiscalía detectó indicios de que mediante “obras fantasmas” y la producción de facturas presuntamente falsas, la Gobernación logró desviar –a través de CIAP– miles de millones de guaraníes, incluidos fondos que debían ser destinados a la lucha contra el covid-19.
Se estima que el monto desviado sería al menos de G. 5.105.600.000, en lo que se refiere solo a dos proyectos presentados por CIAP, dinero que supuestamente fue entregado para la emergencia del covid-19; sin embargo, en ninguno de dichos proyectos se hace alusión a la mencionada “emergencia”.