Analistas advierten sobre los riesgos geopolíticos, humanitarios y de seguridad que corre el país al consolidarse como un centro de tercerización de fronteras para la Casa Blanca.ASUNCIÓN. La reciente salida de 25 migrantes hispanohablantes rechazados por Estados Unidos, quienes fueron enviados a Asunción antes de ser devueltos a sus países, encendió las alarmas de expertos en política exterior y derechos humanos.
Este grupo eleva a 77 el número de personas inadmitidas por Washington que Paraguay ha aceptado albergar en lo que va de 2026. Detrás de la retórica oficial de «cooperación bilateral», analistas advierten que el país está asumiendo un rol sumamente peligroso: actuar como un filtro fronterizo externo y de bajo costo para los intereses de seguridad estadounidense.
Especialistas en relaciones internacionales señalan que aceptar el flujo de migrantes que el gobierno de EE. UU. no quiere en su territorio coloca a Paraguay en una posición de vulnerabilidad estratégica, convirtiéndolo de facto en un «Tercer País Seguro» sin contar con la infraestructura, el presupuesto ni el marco legal adecuado para garantizar un manejo soberano de la situación.
Los riesgos de la tercerización fronteriza. El análisis crítico de este mecanismo revela tres frentes de alto peligro para Paraguay: Vulneración de la soberanía nacional: Al aceptar procesar en suelo paraguayo las solicitudes denegadas y las expulsiones decididas por tribunales estadounidenses, el país subordina su política migratoria a la agenda de control de fronteras de la Casa Blanca.
Dependencia y desamparo financiero: El esquema actual delega la manutención de los migrantes a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cual financió la estadía de 17 de las 25 personas de este contingente, mientras que los 8 restantes tuvieron que costear su salida por vías propias. Expertos advierten que, si la ayuda internacional se recorta o si los flujos de deportados enviados por EE. UU. se masifican, el Estado paraguayo no tendrá la capacidad financiera para absorber los costos de alojamiento, alimentación y logística.
Presión sobre los controles de seguridad: Aunque la Dirección Nacional de Migraciones aseguró que el cruce de datos informáticos no detectó alertas legales en este grupo, la saturación del sistema con contingentes externos eleva el riesgo latente de fallas en los filtros de seguridad, exponiendo al país a tensiones operativas complejas en sus terminales aéreas y puestos de control.
Destino final y el vacío legal. Tras concluir su estadía forzosa en territorio nacional, el último contingente fue desmantelado y dispersado hacia las crisis sociopolíticas de las que intentaban escapar: 22 fueron devueltos a Ecuador, dos a Costa Rica y uno a República Dominicana.
Organizaciones de derechos humanos critican que Paraguay se preste a triangular estas devoluciones, ya que expone al país a escrutinio internacional por avalar expulsiones indirectas de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Mientras el gobierno paraguayo continúe recibiendo los saldos de la crisis migratoria norteamericana, el país camina sobre la cuerda floja de un compromiso internacional que promete pocos beneficios y demasiados riesgos estructurales.