El Ministerio de Justicia atraviesa un severo cuestionamiento institucional tras las abiertas inconsistencias expuestas entre el titular de la cartera, Rodrigo Nicora, y el director general de Establecimientos Penitenciarios, Cnel. Rubén Peña, respecto a la situación ocurrida en la celda del exgobernador de Central, Hugo Javier González.
Mientras desde la cúpula ministerial se intentó instalar un relato de convivencia armónica y un imprevisto problema de salud, los datos operativos e informes médicos configuran un escenario sustancialmente distinto que pone bajo la lupa la transparencia en la gestión de las penitenciarías.
Las versiones contrapuestas iniciaron al indagar sobre la identidad y perfil del compañero de reclusión del exgobernador. Mientras el ministro Nicora buscó atenuar la gravedad del contexto al afirmar que se trataba de una persona joven, estudiante de Derecho e integrada a programas de reinserción social (entrevista a radio 1080 AM), el informe oficial del propio director general de Establecimientos Penitenciarios, Cnel. Rubén Peña, desmintió dicho perfil al confirmar que el recluta es Luis Fernando Jiménez quién cumple una condena de 25 años de cárcel por el homicidio de un niño de 10 años perpetrado en 2004 en Asunción (entrevista a La Tribu). Esta discrepancia deja al descubierto una preocupante falta de precisión o un intento explícito por matizar la peligrosidad del entorno en el que se encontraba el recluso.
El contraste se profundiza al cotejar la narrativa del Ministerio con los informes del sector salud. Desde el Poder Ejecutivo, el ministro sostuvo preliminarmente que el interno sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y que los traumatismos observados en su cuerpo derivaron únicamente de una caída fortuita en el sanitario. Sin embargo, el reporte de ingreso hospitalario desnudó severas incoherencias en dicha tesis. Hugo Javier llegó al centro asistencial en estado crítico, inconsciente, requiriendo intubación de urgencia e ingreso a terapia intensiva. Los profesionales médicos descartaron tempranamente la hipótesis de la caída simple, señalando que la severidad y localización de los hematomas corresponden a un traumatismo craneoencefálico no compatible con un mero resbalón de su propia altura.
Esta discrepancia entre el dictamen clínico y el discurso oficial expone una seria falencia en los protocolos de control, reporte e investigación interna del sistema penitenciario. La intervención del Ministerio Público para preservar la escena y determinar la causa real de las lesiones confirma que el evento no puede ser catalogado prematuramente como una emergencia médica común. La divergencia en los discursos de las autoridades competentes deja en evidencia la fragilidad de la comunicación institucional y siembra dudas sobre la seguridad e integridad de las personas privadas de libertad dentro de los establecimientos penales.