La Cámara de Senadores de Paraguay asumió el seguimiento directo de la investigación sobre la muerte del líder nativo Antonio Carrillo y del docente Catalino Correa, fallecidos en el marco del polémico «Operativo Redención» ejecutado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
El Poder Legislativo intensificó sus acciones fiscalizadoras luego de que una comitiva de senadores de la bancada opositora recibiera formalmente en el Congreso a los familiares de las víctimas y referentes de la comunidad afectada para escuchar de primera mano sus descargos.
Durante el encuentro parlamentario, los legisladores escucharon los desgarradores testimonios de la delegación de la comunidad Tekoha Y’apo (distrito de Corpus Christi, Canindeyú). Esmilce Saucedo, viuda del líder fallecido, desmintió categóricamente ante los senadores la versión del Ministerio del Interior que catalogaba el incidente como un «enfrentamiento» y vinculaba a los fallecidos con el narcotráfico; por el contrario, denunció con firmeza que se trató de un ataque a traición donde ambas víctimas fueron «asesinadas y torturadas sin piedad», seguido de un presunto montaje de evidencias.
Ante la gravedad de los hechos presentados por los nativos, quienes sostienen que el trasfondo real es un conflicto de tierras, el Senado avanza en la exigencia de transparencia total al Poder Ejecutivo, mientras los líderes comunitarios solicitan formalmente la interpelación y destitución inmediata del ministro de la SENAD, Jalil Rachid.