En el marco de iniciativas para optimizar el servicio de justicia y reducir las dilaciones procesales, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, presentó dos propuestas ante el pleno de la institución, que fueron aprobadas de manera unánime.
La primera medida dispone instar al Centro de Investigaciones Judiciales (CIEJ) y a la Oficina Técnica Penal a coordinar conversatorios académicos y prácticos dirigidos a jueces de todo el país. El objetivo es generar un espacio de debate para consensuar técnicas operativas que permitan suprimir formalidades innecesarias y dar pleno cumplimiento al principio de oralidad en los juicios.
Por otro lado, la máxima instancia judicial resolvió reiterar al Congreso Nacional el interés institucional en la pronta sanción del proyecto de ley conocido como «antichicana», presentado originalmente en 2019 y luego reformulado.
La propuesta plantea que las recusaciones, inhibiciones y excepciones de inconstitucionalidad suspendan formalmente los plazos de prescripción y de duración máxima del proceso penal, con el fin de desincentivar el uso de estos recursos como maniobras dilatorias.