La Municipalidad de Asunción enfrenta una paralización total de sus actividades administrativas tras la toma de sus oficinas centrales por parte de tres sindicatos de funcionarios. Esta medida de fuerza, que interrumpió la recaudación de impuestos y bloqueó el tránsito sobre la Avenida Mariscal López, coincide con un escenario de cesación de pagos de deudas financieras por G. 41.000 millones y la apertura de nuevas investigaciones penales por presuntos esquemas de recaudación paralela.
El conflicto estalla a menos de dos semanas de las elecciones municipales fijadas para el 4 de octubre. Ocupación de los bloques de recaudación y paralización de servicios. Los sindicatos Simuca, Sitrama y Sinoema ingresaron a la sede central de la comuna y ocuparon los bloques A y C, forzando la suspensión de la atención en las cajas de cobranza presencial. Los manifestantes exigen que la Junta Municipal sesione de manera extraordinaria para homologar la ampliación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo firmado por el intendente Luis Bello. Sectores de la oposición calificaron el documento como un acuerdo de tinte electoralista, advirtiendo que los aumentos y beneficios aprobados carecen de sustento presupuestario real.
Incumplimiento de compromisos financieros con tenedores de bonos. En el plano financiero, la intendencia reconoció formalmente ante los concejales la imposibilidad de saldar los vencimientos de las series de bonos G5, G6, G7, G8 y G9. La deuda impaga con las casas de bolsa asciende a G. 41.000 millones. Informes de auditoría interna confirmaron que los fondos captados a través de estos instrumentos financieros, que debían blindarse exclusivamente para la construcción de desagües pluviales y obras viales, fueron desviados para cubrir el pago de salarios corrientes y deudas con proveedores operativos.
Investigaciones penales por coacciones y cajas paralelas. A la crisis administrativa se suman denuncias de corrupción pública en dependencias clave del municipio: Centro Municipal de Promoción Empresarial (Cemupe): La diputada Johanna Ortega presentó una denuncia por el cobro de cursos y alquileres mediante transferencias directas a cuentas bancarias particulares de funcionarios, quienes expedían comprobantes sin validez legal.
Dirección de Defensa del Consumidor: La Cámara de Diputados aprobó un voto de repudio tras detectarse un esquema de extorsión a comercios gastronómicos, a quienes se les exigía giros de dinero a cuentas privadas para levantar actas de infracción sanitaria falsas. Planta de Asfalto: La asesoría jurídica comunal confirmó que 21 operarios municipales se mantienen separados de sus cargos y bajo sumario administrativo por el presunto desvío y venta ilegal de 70 toneladas de asfalto estatal.