La noche del fin de semana en Alberdi se tiñó de sangre y horror, dejando al descubierto una realidad desgarradora: la delgada línea entre la protección policial y la muerte. Federick Nahuel Cáceres Sosa, un joven de tan solo 22 años, perdió la vida bajo una lluvia de balas estatales.
Su delito no fue portar un arma, ni disparar contra la autoridad; su único error fue no detenerse en una barrera de control ante su desconfianza. Hoy, su automóvil volcado a un costado de la ruta en el departamento de Ñeembucú es el mudo testigo de una persecución feroz que terminó en un presunto y brutal caso de gatillo fácil.
El contingente de doce uniformados buscaba desesperadamente a los responsables de un asalto local, pero terminaron acribillando a un inocente. El informe preliminar de la propia Policía Nacional es demoledor y apaga cualquier intento de justificación: Federick estaba completamente desarmado. No hubo fuego cruzado, no hubo peligro inminente, solo ráfagas de disparos que apagaron una vida joven.
Mientras el dolor desgarra a una familia que exige justicia a gritos, las palabras del poder político cayeron como un balde de agua helada y desataron una indignación profunda. El ministro del Interior, Enrique Riera, calificó el suceso de «muy lamentable», pero sus declaraciones posteriores rozaron la indolencia al afirmar textualmente que «corresponde quizás pedirle disculpas a la familia, pero son cosas que suceden, lamentablemente». Esas cuatro palabras, «son cosas que suceden», resonaron con una frialdad estremecedora ante el asesinato de un ciudadano a manos de quienes juraron protegerlo.
Acorralado por la gravedad de los hechos, el ministro tuvo que admitir una evidente negligencia policial y prometió que no habrá impunidad, asegurando que un equipo técnico de la Policía y la Fiscalía investigará a fondo para identificar con precisión quién o quiénes apretaron el gatillo, ya que la responsabilidad no puede caer ciegamente sobre los doce agentes presentes. Riera reconoció que el simple hecho de esquivar un retén jamás justificará una reacción tan desmedida y letal, lamentando que entre los involucrados figuren efectivos de supuesta experiencia.
Sin embargo, en un intento por desviar el foco de la brutalidad de la fuerza pública, la autoridad cerró su intervención enviando una recomendación a la ciudadanía que sonó más a una advertencia: colaborar siempre con los controles preventivos y detenerse a mostrar las identificaciones. Mientras el Gobierno intenta calmar las aguas con promesas de firmeza y justificaciones de operativos de seguridad, una comunidad entera llora a Federick, víctima de un sistema que, en lugar de resguardar la vida, gatilla primero y pregunta después.
Fuente: ABC Digital
