El Instituto de Previsión Social vuelve a quedar en el polémica tras revelarse que 275 ampollas del potente antibiótico Imipenem Cilastatina desaparecieron por completo del radar institucional. Nadie sabe qué brazos recibieron estas dosis ni bajo qué criterios médicos se entregaron. Los registros oficiales simplemente muestran un vacío absoluto: ni identidades de pacientes, ni indicaciones médicas, ni recetas que justifiquen su salida.
La preocupante pérdida, que ya genera un agujero patrimonial directo de 55 millones de guaraníes, expone la alarmante vulnerabilidad de una cadena de control interno que parece diseñada para el beneficio de la clandestinidad. Dicho medicamento de usa para tratar infecciones bacterianas graves.
El hilo que desentredó esta trama comenzó a tejerse fuera de los pasillos médicos. En diciembre de 2025, un operativo de la Fiscalía en el propio estacionamiento del Hospital Central culminó con el allanamiento de vehículos particulares repletos de insumos médicos listos para la venta ilegal. Entre el botín incautado en el mercado negro, saltó una ampolla con el inequívoco sello de «Uso Exclusivo del IPS». Aquella jeringa en el barro obligó a la Presidencia de la previsional a ordenar una auditoría urgente sobre el lote. Los resultados, que acaban de salir a la luz, confirmaron los peores temores: el medicamento incautado era solo la punta de un iceberg de descontrol generalizado. Cada ampolla de este fármaco de 500 mg tiene un valor de 200.000 guaraníes, adquiridas bajo un contrato de más de 24.300 millones, lo que vuelve inadmisible su nula trazabilidad desde los depósitos hasta la aplicación final.
Las dos modalidades utilizadas para devaluar y justificar la fuga de los fármacos parecen sacadas de un manual de evasión burocrática. Bajo el concepto de «Contingencia o Excepción», decenas de ampollas salieron de ventanillas en Hohenau, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Encarnación y el propio Hospital Central sin dejar huella alguna del beneficiario. Sin embargo, el epicentro del desvío se concentró en la Unidad Sanitaria de Caaguazú, donde se registraron 160 ampollas bajo la ambigua etiqueta de «Materiales Utilizados por Puesto». Otra justificación llamativa ocurrió en el Servicio de Microbiología del Hospital Central, que consumió 46 unidades alegando que no se usaron en personas, sino como reactivos de diagnóstico para laboratorio, un mecanismo que los auditores cuestionaron con dureza por anular cualquier trazabilidad individual.
A esta crónica de desvíos y descontrol de stock se suma el rostro de la desidia pura. Mientras miles de asegurados claman diariamente por medicamentos esenciales en las farmacias del IPS, la misma auditoría descubrió que en el Hospital Regional de Encarnación dormían 493 ampollas del mismo antibiótico completamente vencidas. El informe atribuye este desastre a la baja rotación del producto y a la inacción de las autoridades locales, que jamás gestionaron una redistribución a otros centros con mayor demanda ni solicitaron el canje en tiempo y forma a la empresa proveedora. Con fármacos que se venden en los estacionamientos y lotes enteros que vencen en los depósitos por falta de gestión, el IPS exhibe una herida profunda que ningún antibiótico parece capaz de sanar.
Fuente: ABC Digital
