ASUNCIÓN. La radicalización de las medidas de fuerza por parte de los gremios médicos en Encarnación ha reavivado el debate ciudadano sobre los altos ingresos y las flexibilidades laborales de las que goza el sector en el sistema público. Sectores de la sociedad civil y analistas del sistema previsional cuestionan que las demandas se den tras cinco años de constantes incrementos de beneficios extraordinarios, bonificaciones por insalubridad y la reducción de la carga horaria a 12 horas semanales por vínculo, consolidando niveles salariales significativamente superiores al promedio nacional.
El principal foco de crítica radica en la generalizada doble y triple vinculación de los profesionales, quienes acumulan rubros de manera simultánea en el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Previsión Social (IPS) y centros asistenciales privados. Esta superposición horaria, permitida por excepciones legales, ha facilitado históricamente el denominado «planillerismo», una práctica en la que especialistas figuran en las planillas estatales pero abandonan sus puestos en los hospitales públicos para priorizar sus consultas o cirugías en el sector privado, donde perciben ingresos complementarios sustanciales.
A la par de la duplicación de ingresos, se denuncia una absoluta ausencia de mecanismos eficaces de control de asistencia por parte de las autoridades sanitarias. La falta de relojes biométricos unificados o auditorías cruzadas entre el IPS y la cartera de Salud permite que los propios profesionales administren sus tiempos discrecionalmente.
Denuncias internas señalan que existe un fuerte esquema de encubrimiento corporativo, donde los mismos compañeros de guardia firman planillas de asistencia de colegas ausentes, garantizando el cobro íntegro de salarios públicos sin contraprestación real del servicio y dejando las urgencias a cargo de residentes en formación.
Mientras el paro médico mantiene paralizadas miles de consultas y cirugías programadas, la opinión pública empieza a exigir que cualquier eventual negociación salarial esté estrictamente condicionada a un censo nacional de recursos humanos con control biométrico cruzado. Ciudadanos afectados reclaman que el Estado paraguayo deje de financiar un sistema de privilegios corporativos sin rendición de cuentas, donde el blindaje gremial impide la desvinculación y el procesamiento de quienes lucran con la salud pública desde el ausentismo laboral.