La batalla jurídica de la exsenadora Kattya González tras su polémica expulsión del Congreso paraguayo arriesga convertirse en un sacudón político y financiero para el país.
Su anuncio de llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo busca justicia personal, sino que, según expertos, podría abrir una grieta histórica en la impunidad de los legisladores paraguayos.
El sociólogo Nicolás Chase advierte que esta demanda es una auténtica «bola de nieve». Si el organismo internacional falla a favor de la exlegisladora, el Estado paraguayo estará obligado a resarcirla económicamente por todos los daños sufridos. La gran novedad radica en que, a partir de ese momento, cualquier ciudadano contribuyente tendrá el derecho legal de exigir que el perjuicio económico que pagará el Estado sea cobrado directamente de los bolsillos de aquellos políticos que actuaron con negligencia, mala gestión o irregularidad al expulsarla de su banca.
Esta perspectiva rompe con la vieja costumbre donde los errores y caprichos políticos de una mayoría parlamentaria son costeados de manera silenciosa por el bolsillo de toda la población. El Estado, como garante, debe responder inicialmente por la violación de los derechos políticos de González, pero los ciudadanos no tienen por qué financiar la mala praxis de sus representantes. Bajo esta lógica de replicabilidad, los únicos que quedarían al margen de pagar las consecuencias financieras serían los miembros del Poder Judicial, debido a que su rol técnico de juzgar los deja fuera de la figura de «partes» directas del conflicto.
La advertencia de Chase va dirigida directamente a aquellos congresistas que confunden la representación del pueblo con un cheque en blanco para manejar los bienes del país a su antojo, escudándose bajo un fuero parlamentario que erróneamente consideran eterno. La propia Kattya González ha insistido en que su destitución no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de hostigamiento y de campañas de desinformación coordinadas hacia mujeres en cargos electivos. De prosperar su demanda, Paraguay no solo se enfrentará a una condena internacional, sino al inicio de una era donde los políticos, por fin, tendrán que pagar de su propio dinero por los atropellos que cometan en el poder.
Fuente: Paraguay.com
