Corría el año 2007 cuando el mundo de Ninfa Graciela González se vino abajo. Esta maestra de Carayaó, una pequeña localidad del Departamento de Caaguazú, recibió la peor noticia que puede escuchar una madre: su hijo tenía un tumor de mama y necesitaba quimioterapia con urgencia. El Instituto de Previsión Social le cerró las puertas al advertirle que el seguro no cubriría todo el tratamiento.
En medio de los pasillos del Instituto Naciinal del Cáncer (Incan), sitiada por la angustia y con el reloj de la vida de su hijo corriendo en contra, la desesperación la volvió vulnerable. Fue allí donde apareció un hombre ofreciendo una supuesta tabla de salvación, un crédito diseñado especialmente para personas enfermas.
El trato parecía sencillo y accesible para su bolsillo de docente: un préstamo de un millón de guaraníes que saldaría en doce cuotas mensuales de 160.000. Ninfa aceptó de inmediato; aquel dinero significaba la diferencia entre comprar los medicamentos de su hijo o dejarlo morir. Bajo la promesa de que se trataba de un trámite habitual, le hicieron firmar 36 autorizaciones de descuento en papel carbónico. Lo que ella no sabía era que en ese preciso instante, con su propia mano y guiada por el amor de madre, estaba firmando una condena financiera que la encadenaría durante las siguientes dos décadas.
La trampa se activó de inmediato a través de una casa comercial llamada Mima Novedades, propiedad de Miguel Ángel Gómez Ibarra. Al principio, la maestra solo tenía un rubro docente del cual le debitaban el dinero. Sin embargo, el tiempo pasó, su hijo logró salir adelante, pero la deuda nunca se extinguió. Cuando Ninfa consiguió un segundo rubro laboral para mejorar sus ingresos, el prestamista se enteró y, con total impunidad, ingresó nuevas autorizaciones falsas para meterle la mano en el bolsillo dos veces. Durante diez años enteros, mes a mes, su sueldo del Ministerio de Educación y Ciencias fue saqueado de forma automática. Ella trabajaba sin descanso, pero la mitad de su esfuerzo no iba para su familia, sino directo a las arcas de su verdugo.
Para el año 2017, exhausta y tras notar que los descuentos no tenían fin, Ninfa logró exigir que frenaran los débitos. Cuando sumó los extractos oficiales que el ministerio finalmente le entregó, la cifra le congeló la sangre: por aquel millón de guaraníes que solicitó en un pasillo de hospital, le habían cobrado 148.180.000 guaraníes. Le habían multiplicado la deuda casi 150 veces, un interés macabro alimentado por la complicidad de las instituciones públicas que debieron protegerla y que, durante diez años, no movieron un solo dedo para investigar la estafa.
Pero la pesadilla no terminó con el fin de los descuentos. Lejos de esconderse, el prestamista Gómez Ibarra y su hija, Elisa Gómez González, redoblaron la apuesta y demandaron a la maestra ante el Juzgado de Paz de La Encarnación, reclamándole más dinero. A pesar de las denuncias de Ninfa ante el Ministerio Público, la causa penal quedó congelada en la desidia judicial.
Hoy, casi veinte años después, Ninfa sigue viajando constantemente, recorriendo los más de 140 kilómetros que separan su pueblo de la capital, arrastrando carpetas en busca de una justicia que parece ciega y sorda. Aunque recientemente la Comisión Especial del Senado que investiga la «Mafia de los Pagarés» arrojó luz sobre su caso, el laberinto burocrático la mantiene atrapada: su expediente está extrañamente «perdido» en el juzgado, su nombre sigue manchado en los registros de Informconf como si fuera una morosa peligrosa y su vida continúa embargada por el mismo sistema que permitió que la estafaran cuando solo buscaba salvar a su hijo.
Fuente: Ultima Hora
