El Instituto de Previsión Social vuelve a quedar en el ojo de la tormenta tras revelarse un insólito caso de aparente desidia y despilfarro financiero. La previsional desembolsó una millonaria suma de 8.000 millones de guaraníes adicionales para la adquisición de paneles solares que hoy se encuentran arrumbados, juntando polvo e intemperie en un depósito institucional sin reportar utilidad alguna.
Lo más alarmante del caso es el contexto en el que se gestó esta operación. El gasto extra se introdujo mediante una adenda en un contrato original de 53.000 millones de guaraníes que inicialmente estaba destinado a la habilitación de quirófanos. Cuando el millonario proyecto de las salas de cirugía prácticamente se dio por perdido debido a su rotundo fracaso, las administraciones anteriores, en lugar de frenar el flujo de caja, decidieron inflar el presupuesto total a 61.000 millones de guaraníes incorporando estos costosos equipos energéticos sin ninguna justificación técnica sustentable.
Incluso una auditoría interna realizada en el año 2024 ya había advertido con total claridad sobre la falta de motivos reales para ejecutar dicha compra. Pese a las alertas tempranas, el proceso siguió su curso y los fondos estatales fueron transferidos, dejando los paneles solares bajo el abandono absoluto junto con otros equipamientos técnicos de alto valor.
El actual presidente de la institución, el doctor Isaías Fretes, destapó esta irregularidad durante un recorrido técnico de inspección sorpresa en el Hospital Central y las áreas de materiales. Al encontrarse cara a cara con el millonario lote tecnológico en desuso, el titular de la previsional no ocultó su indignación y desconcierto ante lo que calificó como un verdadero rompecabezas de malas decisiones. Lamentó profundamente que mientras la entidad se encuentra haciendo malabares presupuestarios diarios para garantizar la provisión de medicamentos esenciales a los asegurados, se hayan malgastado recursos en compras inservibles.
Como respuesta inmediata ante las sospechas de fraude, la actual administración del IPS ordenó la apertura de una rigurosa auditoría interna complementada con análisis jurídicos específicos. El objetivo principal será cuantificar con exactitud el daño patrimonial causado al Estado y deslindar las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios y exautoridades involucradas en este sinsentido financiero.
Fuente: Ultima Hora
