La Fiscala General, Sandra Quiñónez, está entre los principales objetivos del sector socialista Frente Guasu, presidido por el expresidente de la República y actual senador Fernando Lugo. El luguismo, con ayuda de otros sectores de la oposición y algunos medios de prensa, viene buscando hace un par de años la destitución de la titular del Ministerio Público. Las motivaciones de la izquierda para sacar a la magistrada son varias, pero entre las principales causas se encuentra el trabajo contra el EPP y las conexiones políticas que tiene el grupo criminal, que salpican a los del Frente Guasu y a otros grupos socialistas de países vecinos, como Argentina.
Mientras Quiñónez se convierte en la Fiscala General que más reconocimiento y respaldo recibe de los Estados Unidos y otras potencias extranjeras por la aporte que presta el Ministerio Público contra el crimen internacional, paralelamente, los ataques de la izquierda van en aumento. Hoy día se puede decir que el luguismo tiene como uno de sus principales objetivos la destitución de la titular del Ministerio Público.
No es difícil deducir los motivos. Quiñónez fue la que puso tras las rejas a los principales cabecillas del Grupo de Choré, hoy conocido como el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), que nació y se fortaleció en San Pedro cuando Lugo era obispo en el departamento. De hecho, siempre se comentó que el actual senador y sus principales aliados en el FG tienen algún tipo de relación y/o simpatía con el mencionado grupo criminal.
El equipo de Quiñónez viene monitoreando las conexiones políticas que tiene el EPP en la actualidad y sus vínculos con otros grupos de izquierda radicales en la región, sobre todo en la Argentina. Esto estaría molestando al Frente Guasu, al igual que le molesta la imputación de jóvenes que estuvieron involucrados en hechos vandálicos en las últimas manifestaciones y que son simpatizantes del luguismo.
Se alertó del ingreso de personas que son expertos agitadores, financiados por sectores de izquierda. Estos extranjeros estarían instruyendo a jóvenes compatriotas para como actuar en manifestaciones, generar destrozos importantes y por sobre todo convertir a los eventuales detenidos como perseguidos. Nuevamente, la protección política a este plan recae sobre el lugismo.
Manifestantes pacíficos no serán imputados
«No hay imputados por manifestarse pacíficamente el 5 o el 17 de marzo. Los 29 manifestantes de ese día fueron liberados y no fueron imputados, así como todos los que se manifestaron pacíficamente. Referente a 5 personas procesadas por la quema de Colorado Roga, es una investigación incipiente, son por hechos de vandalismo e indagados bajo elementos objetivos que los fiscales intervinientes van recabando. No obstante, siempre estamos abiertos a revisar y pedir informes», señaló la titular del Ministerio Público a senadores miembros de la Comisión de DD.HH., sobre la actuación de la Policía Nacional y de los agentes fiscales.
Estas declaraciones de Quiñónez generaron el enojo del senador luguista Jorge Querey (foto). “Usted, fiscala general del Estado, miente, porque ha actuado sucesivamente a lo largo de este tiempo de manera selectiva y no ha investigado ni imputado diferentes situaciones de determinado grupo de poder”, le señaló. Sin embargo, la gestión de la Fiscala General lleva el récord por imputaciones a políticos como ser los González Daher, los Zacarías, el diputado Ulises Quintana varios intendentes y legisladores colorados y liberales, empresarios como los del Clan Ferreira.
Tanto Querey como su colega Esperanza Martínez (también del Frente Guasu) fueron señalados por supuestamente adulterar en 2002 un informe médico para beneficiar al hoy prófugo Juan Arrom, uno de los fundadores ideológicos del grupo EPP y condenado por el secuestro de María de Edith de Debernardi.
