El 8 de octubre, un día después de que se presentara la denuncia contra Oscar “Nenecho” Rodríguez por supuestas sobrefacturaciones en compras realizadas para combatir la pandemia del Covid-19, la Fiscala General Sandra Quiñónez ordenó la apertura de una causa penal y asignó la investigación a un equipo de trabajo de representantes fiscales. Sin embargo, varios medios de prensa aseguran que el Ministerio Público no inició las pesquisas.
Quiñonez ordenó, mediante la Resolución 4286 del día 8 de este mes, la apertura de una causa penal para la investigación de la denuncia formulada por los diputados nacionales Kathya González, Celeste Amarilla y Sebastián García, los concejales municipales de Asunción Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini, y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, lesión de confianza y estafa.
La titular del Ministerio Público resolvió además conformar un equipo de trabajo integrado por los agentes fiscales, abogados Juan Manuel Ledesma y Jorge Arce Rolandi, ambos de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción n.° 8 y 14, respectivamente, con sede en Asunción, a los efectos de intervenir y ejercer la representación legal en el caso de referencia, con las atribuciones propias del cargo.
La decisión del Ministerio Público fue al día siguiente que el entonces principal candidato de la oposición a la intendencia de Asunción, Eduardo Nakayama y su equipo presentara una denuncia penal por supuesta corrupción contra el exintendente y candidato del oficialismo, Óscar Rodríguez, a poco más de dos días de celebrarse las elecciones municipales en Paraguay.
Nakayama, del Partido Liberal, tramitó en el Ministerio Fiscal la denuncia contra Rodríguez, que fue electo Intendente de Asunción el 10 de octubre.
La denuncia se basó en presuntos hechos punibles de estafa, lesión de confianza y enriquecimiento ilícito por parte de Rodríguez y su equipo desde marzo de este año, y en el uso de los fondos especiales destinados a la contención de la pandemia en la capital.
La denuncia destaca una supuesta sobrefacturaciones en la adquisición de materiales como detergentes y saturómetros y a través de empresas sin antecedentes en licitaciones públicas.
Las primeras denuncias por supuesta sobrefacturación partieron de la excandidata a la intendencia Johanna Ortega, de la propuesta Asunción para Todos, después de que iniciara un recurso de amparo para que la Municipalidad divulgara los gastos, compras y contratos de ese periodo.