La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Abg. Silvia González Vester, presentó un urgimiento formal ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el fin de destrabar la causa penal N.º 105/2013, caratulada como «Rafael Filizzola y otros sobre lesión de confianza».
La representación pública denuncia que el proceso se encuentra paralizado desde hace más de un año debido a un laberinto de recusaciones, inhibiciones y constantes conflictos de competencia entre los magistrados del Tribunal de Apelaciones.
El conflicto procesal se originó el 6 de mayo de 2025, fecha en la que el juez de Garantías Yoan Paul López declaró la prescripción de la acción penal para el exministro del Interior, Rafael Filizzola, amparándose en el artículo 192 del Código Penal durante la audiencia preliminar. Ante este fallo, la fiscal González Vester interpuso de manera inmediata un recurso de apelación general el 13 de mayo de 2025, con el objetivo de revertir la decisión que desvincula al principal procesado de la causa.
Desde la presentación del recurso fiscal, la causa penal ha ingresado en un bucle de inactividad a raíz de constantes inhibiciones y recusaciones judiciales que impiden la conformación del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Primera Sala, órgano natural designado para resolver la apelación. Esta cadena de demoras obligó a la propia Corte Suprema de Justicia a intervenir mediante el Auto Interlocutorio N.º 169 de junio de 2026, ordenando la remisión inmediata de los antecedentes para reasignar la causa con los miembros naturales de la cámara.
A pesar de las directrices dictadas por el máximo tribunal, las trabas en el expediente persistieron debido al desacuerdo de la magistrada Adriana Giagni, quien impugnó formalmente la inhibición planteada por su colega, el magistrado Camilo Torres. Esta discrepancia forzó al juez Paulino Escobar a devolver nuevamente el expediente a la Sala Penal de la Corte el pasado 26 de junio, donde actualmente se aguarda una resolución definitiva sobre la competencia de los magistrados.
En su escrito de manifestaciones, la fiscal González Vester advierte sobre el grave riesgo que representan estas constantes dilaciones procesales, las cuales imposibilitan que la alzada analice el fondo del recurso planteado. Ante este escenario, la Fiscalía solicita respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia que arbitre urgentemente las medidas institucionales necesarias para integrar el tribunal correspondiente, garantizando el dictado de una resolución ajustada a derecho y poniendo fin a las maniobras que postergan de manera indefinida la definición del emblemático proceso judicial.
