La Dirección de Delitos Económicos del Ministerio Público ya comenzó el seguimiento de todos los datos aportando por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en el pleno del Parlamento y que involucra al expresidente Horacio Cartes. Esta es una nueva carpeta, ya que el caso Dario Messer ya fue finiquitado en el 2008 con su imputación, acusación y comiso de sus bienes antes de su huida y detención en Brasil, informaron fuentes de la Fiscalía.
Giuzzio fue convocado por el Congreso Nacional el jueves para que de informaciones sobre los eventos del domingo pasado en San Bernadino, donde durante un evento musical fallecieron dos personas en manos de sicarios, en una aparente guerra de bandos narcos. Una de las victimas fatales fue la influencer Vita Aranda, quien nada tenía que ver en la disputa mafiosa.
El ministro del Interior dio datos de personas involucradas en caso de lavado de dinero de actividades ilegales y que conectan al expresidente Horacio Cartes y personas allegadas a él como Dario Messer, quien ya fue procesado por el Ministerio Público.
A inicios de mayo de 2018, Messer fue imputado por la Fiscalía por lavado de dinero y asociación criminal. La misma medida se aplicó para su hijo, Dan Wolf Messer, así como para Adolfo Granada Cubilla, Ilan Grinspun y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Horacio Cartes. Desde ese entonces Dario Messer se dio a fuga, ya que también era buscado por la Justicia de Brasil por el caso Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en Latinoamérica.
En 2018, también el Ministerio Público pasó a Senabico tres firmas pertenecientes al empresario Dario Messerpara que sean administradas por el Gobierno.
El propio Ministerio Público señaló en noviembre de 2018 que logró determinar que Messer compró bonos del Estado a título personal mediante el banco BASA propiedad de su “hermano del alma”, el expresidente Horacio Cartes. El traficantes de divisas, condenado en Brasil en 2019 por los escándalos Lava Jato y Mensalão, introdujo mediante Basa a nuestro país millones de dólares desde paraísos fiscales.
En ese entonces, ya el fiscal René Fernández determinó que el dinero era transferido principalmente a las cuentas del Banco Nacional de Fomento (BNF) pertenecientes a las empresas locales de Messer (Matrix Realty SA y Chia SA.) Estas firmas, que movieron unos US$ 10 millones, contrataban entonces a la firma corredora de valores Puente Casa de Bolsa para comprar bonos.