Una alarmante denuncia por la desaparición de una menor de apenas dos años de edad ha movilizado las a las autoridades judiciales y policiales en las últimas horas.
La ciudadana Diana Rojas se presentó ante las instancias pertinentes para reportar formalmente la desaparición de su hija, Magnolia Bustos Rojas, de quien se desconoce el paradero desde el pasado miércoles 8 de julio de 2026, tras una serie de irregularidades en el cumplimiento de un acuerdo civil.
Según los datos proporcionados por la madre de la menor, el principal sospechoso de la retención y desaparición de la niña es su propio progenitor, un ciudadano de nacionalidad chilena. La denunciante explicó de forma detallada que existía una resolución judicial vigente que obligaba al padre a restituir a la menor de forma estricta luego de un régimen de relacionamiento provisorio estipulado en una duración de tres horas. Sin embargo, una vez vencido el plazo legal establecido por el magistrado interviniente, el hombre no devolvió a la niña ni entabló comunicación alguna para justificar el retraso, lo que derivó en la inmediata denuncia por presunta sustracción.
Este tipo de conflictos, catalogados en el ámbito del derecho de familia y convenios internacionales como sustracción parental de menores, suelen activar de forma inmediata estrictos protocolos de búsqueda nacional e internacional a través de alertas fronterizas y de cooperación internacional (como Interpol) debido a la nacionalidad extranjera del progenitor.
Los expertos en la materia señalan que las primeras horas de desaparición son críticas en estos escenarios ante el riesgo inminente de que el menor sea trasladado fuera de las fronteras nacionales de manera clandestina o utilizando vías no autorizadas.
Desesperada ante la falta de noticias y el temor por la integridad física y psicológica de la pequeña Magnolia, Diana Rojas ha realizado un llamado público urgente solicitando la máxima intervención de los ministerios correspondientes, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para acelerar los operativos de localización.
La madre exige que se agilicen los mecanismos de control en terminales y aeropuertos con la finalidad de dar con el paradero exacto de la menor de manera inmediata y lograr su restitución al hogar materno, salvaguardando así el interés superior de la niña frente a la flagrante violación de las órdenes judiciales dictadas.
Fuente: Ñanduti


