El cinismo judicial en Paraguay parece no tener límites, y el caso de Ramón Mario González Daher acaba de registrar su capítulo más audaz. A través de sus representantes legales, el condenado exzar de la usura ha recurrido con «carácter de urgencia» a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pretendiendo activar la maquinaria de protección internacional bajo el argumento de que el Estado paraguayo vulnera sus garantías fundamentales.
Resulta una ironía mayúscula que quien coordinó un sistema extorsivo implacable que destruyó las vidas y patrimonios de al menos 155 víctimas documentadas, pretenda hoy posar ante la comunidad internacional como una víctima desamparada del rigor penitenciario.
La defensa técnica califica de «extrema severidad» el régimen del Módulo 8 «Martín Mendoza» en Emboscada, adonde González Daher fue trasladado el pasado 2 de julio. La nota remitida a la Jueza de Ejecución Penal describe un supuesto escenario de aislamiento y deterioro de salud debido a las restricciones de comunicación del penal de máxima seguridad. Sin embargo, este reclamo omite deliberadamente la verdadera razón del traslado: el fin del esquema de corrupción y privilegios VIP de los que gozaba en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La mudanza forzosa no fue un acto de crueldad estatal, sino la respuesta obligada del Ministerio de Justicia tras una requisa que constató que el recluso disponía de celulares y alcohol en su celda, violando flagrantemente la normativa penal.
La estrategia de instrumentalizar los Derechos Humanos busca desviar la atención de los hechos probados por los tribunales especializados en 2021, que le valieron una pena histórica de 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y declaración falsa, además de un comiso récord de 47 millones de dólares. El escrito presentado para forzar una audiencia telemática internacional no hace más que confirmar el persistente intento del condenado por evadir el alcance de la ley ordinaria. Al verse despojado de los beneficios ilegales que compraba en su anterior reclusión, el poderoso usurero recurre a los tratados internacionales, pretendiendo que el control de sus comunicaciones y la disciplina carcelaria obligatoria para cualquier reo común sean vistos en el extranjero como una persecución humanitaria.
Fuente: Rickyalderete
