En los últimos días se ha comenzado a debatir en algunos medios respecto a la confiabilidad y el control sobre las empresas tecnológicas que contrata el Estado, con una atención particular puesta sobre la firma Softshop S.A.
Analistas y referentes del sector advierten que la provisión de alta tecnología no constituye simplemente el cumplimiento de un contrato comercial ordinario, sino que se trata de un asunto estratégico de seguridad nacional, debido a que estas corporaciones administran servidores e información de extrema sensibilidad para las instituciones de la República.
El foco de la preocupación radica en el volumen y la opacidad percibida en las adjudicaciones. Según registros de contrataciones, la firma acumula un total de 176 adjudicaciones que superan la suma de 200.000 millones de guaraníes, habiendo cerrado acuerdos millonarios con entidades clave como la Administración Nacional de Electricidad, el Instituto de Previsión Social y el Banco Nacional de Fomento. Diversas voces críticas han cuestionado cómo una misma entidad ha logrado concentrar tal cantidad de licitaciones de gran envergadura, instando a la Contraloría General de la República a intervenir de manera inmediata para fiscalizar el origen de estos contratos y determinar bajo qué criterios de competitividad y precio se han otorgado de forma tan recurrente.
Fuente: Latribu650am_py