Así como la semana pasada se cumplió con la Contraloría, hoy la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) entregó al Senado una serie de documentaciones donde se detalla la utilización de los fondos socioambientales. Así también, facilitó planillas de los funcionarios contratados durante la administración de Nicanor Duarte Frutos. Contrariamente, Itaipú presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar al ente contralor.
Itaipú Binacional presentó esta mañana una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) que establece la realización de una auditoría financiera de los fondos asignados para gastos socioambientales. La hidroeléctrica pide la suspensión de los efectos del dictamen como medida cautelar de urgencia.
Los representantes de la binacional plantean como principal argumento que resulta inconstitucional que la Contraloría General ejerza un control financiero/cumplimiento a los gastos sociales teniendo en cuenta que Itaipú es una persona jurídica conformada por el Brasil y nuestro país. En ese sentido, indican que ningún órgano interno puede influir en la binacional sin previa autorización otorgada mediante un tratado entre ambas partes contratantes.
En el documento presentado incluso invocan a un fallo del Supremo Tribunal Federal brasileño del 2020 en el que este niega que el órgano contralor del vecino país pueda ejercer una auditoría a la binacional. Del mismo modo, indican que dicha fiscalización “tendrá que darse en los términos a ser acordados con la República del Paraguay y materializados en instrumentos diplomáticos…”.
La EBY hace lo contrario a Itaipú
Al mismo tiempo que los abogados de Itaipú presentaban su escrito en el Poder Judicial, Alejandro Takahashi, secretario Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ingresaba a la Cámara de Senadores para hacer entrega de unos 29 biblioratos que contienen una serie de documentaciones de la institución.
Según explicó, se proveyeron informes relacionados a la parte de los recursos humanos, con el legajo y las planillas de las personas incorporadas desde el año 2018 con sus correspondientes registros de asistencia.
De igual manera, presentaron un segundo informe con el detalle de los gastos socioambientales de la EBY, con documentos respaldatorios que detallan las inversiones realizadas en concepto de apoyo al sector productivo, educación, salud y educación. “Esto demuestra que la entidad está absolutamente abierta a transparentar todas sus acciones, por eso esta acción acompaña el pedido de la Cámara de Senadores”, mencionó Takahashi.
En total son 318 los funcionarios que fueron incorporados durante la administración de Nicanor Duarte Frutos, junto con otras 23 personas por acuerdo sindical bajo sentencia judicial, refirió el representante de la EBY.
Asimismo, aclaró que también remitieron otras documentaciones días atrás a la Contraloría General de la República para dar cumplimiento al pedido de informes realizado previamente. Dentro de 10 días estaría siendo entregada la documentación faltante al Senado, de acuerdo a lo que adelantó Takahashi.