La destitución inmediata del ministro del Interior, Enrique Riera, se convirtió en la principal exigencia política del Senado paraguayo o por lo menos de la oposición, luego de que un violento atentado en Canindeyú reavivara las críticas por la severa crisis de seguridad que atraviesa el país.
El pedido de renuncia tomó fuerza tras el trágico ataque comando perpetrado contra el Puesto Policial N.º 4 de la colonia Naranjito, un hecho que se saldó con la muerte de dos suboficiales y un civil, además de la destrucción total de la sede policial. Ante este escenario de vulnerabilidad extrema, legisladores de diversas bancadas tildaron de «incapaz» la gestión del secretario de Estado, argumentando un fracaso rotundo en el combate al crimen organizado y serias deficiencias en el acelerado proceso de formación de los nuevos efectivos.
La presión de la Cámara Alta se traslada directamente al palacio de Gobierno, con un llamado unísono al presidente Santiago Peña para que «mueva la estantería» de su gabinete y cúpulas de seguridad, advirtiendo que el Estado no puede seguir respondiendo con excusas frente a la audacia de los grupos armados en el interior del país.
El Senador Rafael Filizzola (ex Ministro del Interior), Celeste Amarilla, Yolanda Paredes, Esperanza Martínez y otros senadores opositores, pidieron a Riera que renuncie al cargo.