ASUNCIÓN. El sistema judicial paraguayo vuelve a quedar bajo la lupa de la opinión pública tras confirmarse que el exsenador Hernán Rivas continuará en libertad a pesar de haber recibido una dura condena de 8 años de cárcel por producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
Para analistas y sectores ciudadanos, este desenlace no es más que otra muestra del engranaje de impunidad selectiva que impera en el país, diseñado históricamente para blindar a los sectores con poder político y económico. Rivas, calificado por el Tribunal de Sentencia como un «alumno fantasma» que jamás cursó la carrera de Derecho, logró lo impensable en cualquier democracia seria: utilizar un título falso para matricularse, ingresar al Congreso y erigirse como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano que juzga a jueces y fiscales.
Desde ese puesto, tuvo el poder de remover y sancionar a magistrados genuinos, causando un daño institucional sin precedentes. Pese a la gravedad del hecho, el andamiaje legal paraguayo le otorga prerrogativas que aseguran que el calabozo siga siendo una realidad lejana para él y exclusiva para los ciudadanos vulnerables. La razón técnica inmediata por la cual Hernán Rivas abandonó el Palacio de Justicia caminando por su propio pie —y sin esposas— es que su sentencia aún no está firme.
El Tribunal resolvió que el exlegislador continúe con medidas alternativas a la prisión mientras se agotan las instancias de apelación, un proceso que en Paraguay puede dilatarse durante años mediante la presentación de recursos y recusaciones, una estrategia conocida popularmente como «chicanería».
Para los sectores críticos, este beneficio es administrado con extrema generosidad cuando el acusado cuenta con el respaldo de las cúpulas partidarias y el poder económico, en contraste con los procesos exprés que sufren las personas comunes. El temor de que el caso Rivas quede en la nada no carece de fundamentos históricos; a comienzos del proceso, sectores del mismo entramado judicial ya intentaron dejar morir la causa argumentando la prescripción.
Aunque la presión social forzó el avance del juicio oral debido a las groseras incongruencias de su historial académico, las cámaras de revisión y la propia Corte Suprema de Justicia albergan magistrados cuya estabilidad depende de las mismas fuerzas políticas que sostienen al exsenador. La indignación colectiva apunta a que el poder político sacrificó temporalmente a Rivas ante las cámaras, pero la estructura del sistema garantiza que el proceso sea lo suficientemente largo y poroso para que el clamor ciudadano se diluya, abriendo las puertas a futuras reducciones de pena o arrestos domiciliarios en lujosas residencias.
Mientras tanto, un hombre sin título de abogado que juzgó a los jueces de la República sigue disfrutando de su libertad, confirmando la máxima de que en Paraguay la ley no mide a todos con la misma vara.