ASUNCIÓN.— El tramo final hacia las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026 se ha convertido en uno de los más peligrosos de los últimos tiempos en Paraguay. Lejos de ser una fiesta cívica, los comicios se perfilan bajo una grave amenaza a la seguridad, marcada por un alarmante aumento de la violencia política territorial donde la penetración de intereses oscuros y la intensa polarización están llevando a que las disputas locales se resuelvan bajo códigos de criminalidad.
La muestra más cruda de este peligroso escenario son los recientes atentados directos: en Ypané, el candidato oficialista Gerardo Fariña (ANR) salvó su vida de milagro tras ser emboscado a balazos en su camioneta —terminando en una cuneta donde tuvo que fingir estar muerto para evitar ser rematado, viéndose obligado a continuar su campaña portando un chaleco antibalas—; mientras que en General Resquín (San Pedro), el dirigente de la Alianza opositora, Lorenzo López, fue interceptado por un comando armado que lo golpeó brutalmente en la cabeza con la culata de un arma antes de acribillar su vehículo, dejándolo hospitalizado de urgencia.
A estos graves crímenes se suman amedrentamientos a pedradas en General Bernardino Caballero, batallas campales en Quyquyhó, el incendio intencional del vehículo de un periodista en Yasy Cañy y crecientes amenazas de muerte a candidatas en todo el interior del país, lo que configura unas municipales de altísimo riesgo.
Ante esta inminente crisis, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional ordenaron el despliegue de custodia oficial de emergencia para los postulantes amenazados y reforzaron la inteligencia en zonas rojas, al tiempo que desde el Poder Legislativo se catalogaron estos hechos como un «atentado contra la democracia», advirtiendo que el Estado no tolerará que se pretendan ganar intendencias a través del homicidio.