En los pasillos de los hospitales públicos, la realidad golpea con fuerza: médicos y especialistas renuncian en cadena, las salas de espera se colapsan, los salarios no alcanzan y los pacientes deben conseguir por su cuenta desde insumos básicos hasta medicamentos esenciales.
Sin embargo, en la otra cara de la administración estatal se dibuja un escenario completamente distinto. A través del Programa Anual de Contrataciones (PAC) de 2026, un total de 18 instituciones públicas proyectan destinar unos G. 598.529 millones —equivalentes a unos 101,1 millones de dólares— para garantizar medicina prepaga y servicios sanatoriales privados a sus funcionarios.
El reparto de este millonario pastel revela profundas diferencias. La Corte Suprema de Justicia encabeza la lista con holgura al reservar G. 408.000 millones, casi 69 millones de dólares, para la cobertura de sus magistrados, empleados y personal contratado. Este único proyecto concentra más de dos tercios de todos los recursos previstos por las entidades identificadas en el rastreo oficial.
El podio del gasto en salud privada lo completan el Ministerio de Justicia, con un presupuesto estimado de 11,8 millones de dólares, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con 10,9 millones de dólares. Entre estas tres instituciones absorben cerca del 90 % de los fondos totales proyectados para este fin. La nómina continúa con organismos como Senasa (US$ 1,6 millones), Mades (US$ 1,5 millones), Senatur (US$ 1,2 millones), Sinafocal (US$ 1,1 millones) y el Mitic (poco más de US$ 1 millón), extendiéndose a varias entidades culturales, sanitarias y a la Gobernación de Paraguarí.
Es fundamental comprender que estas cifras corresponden a la planificación previa publicada en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y no a contratos ya firmados o dinero desembolsado. El sistema funciona como una ventana de anticipación sobre las pretensiones de compra de las entidades, cuyos montos finales podrían variar al momento de redactar los pliegos y adjudicar las ofertas de los sanatorios privados.
Si bien estos fondos no podrían mudarse de forma automática ni directa a los presupuestos de los hospitales públicos, la enorme disparidad de cifras enciende de inmediato el debate sobre las prioridades del gasto público. La convivencia de dos circuitos de atención financiados con dinero de todos los ciudadanos —uno VIP para la burocracia estatal y otro precario para la población en general— expone una grieta profunda que supera lo administrativo y se convierte en un reclamo ético e insostenible.
Fuente: Parametronews
