Una presunta maniobra financiera tiene en vilo a los socios de la Cooperativa Multiactiva de Lambaré Ltda. Tres miembros de su propio Consejo de Administración acudieron a la Justicia para denunciar lo que podría ser un gigantesco golpe patrimonial de casi 57.000 millones de guaraníes.
La entidad le cedió a una firma privada una enorme cartera de créditos por un valor nominal superior a los G. 61.084 millones, pero insólitamente solo cobró G. 4.227 millones; es decir, regaló los papeles por apenas el 6,9% de lo que valían.
Lo más grave del caso es que no se trataba únicamente de deudas incobrables. La transferencia abarcó un paquete de 8.156 pagarés que incluía a socios al día, acuerdos de pago vigentes, cuentas activas y juicios que ya le estaban generando ingresos directos a la cooperativa a través de embargos y remates. En lugar de seguir recaudando ese dinero para la institución, prefirieron entregar los derechos de cobro por una fracción minúscula de su valor original a la empresa CARSA, salteándose los procedimientos internos, las normativas regulatorias y sin siquiera utilizar la propia firma de cobranzas de la que la cooperativa es dueña en un 80%.
El desastre financiero quedó al descubierto durante la Asamblea Ordinaria de marzo de 2025, cuando la Memoria y el Balance reportaron la venta por los 61.084 millones de guaraníes, pero la Gerencia tuvo que admitir después que la transferencia real había sido menor y que miles de casos seguían congelados sin respaldo claro. Ante el evidente desorden contable, la asamblea rechazó los números y debió pasar a un cuarto intermedio.
La falta de respuestas y la negativa a entregar la documentación requerida por la Justicia desembocaron en que la Fiscalía allanara la sede central de la cooperativa el pasado 14 de julio de 2026 para incautar las evidencias. Mientras tanto, los denunciantes —Carla Wormsbecker, Miguel Ángel Cayetano Gaete Barrios y Delfina Zárate de Figueredo— apuntan directamente al órgano regulador: la denuncia formal ante el INCOOP se realizó en mayo de 2025 y, tras más de un año de inacción, exigen saber por qué la entidad de control no intervino a tiempo para proteger los ahorros de los socios.
Hoy el Ministerio Público investiga presuntos delitos de lesión de confianza y uso de documentos falsos, en un caso que vuelve a revivir las sombras de la conocida «mafia de los pagarés» en el sector cooperativo.
