La Fiscalía asestó un importante golpe en la investigación del escándalo conocido como la «mafia del asfalto», un presunto esquema de corrupción en el que maquinaria, insumos y personal de la Municipalidad de Asunción habrían sido utilizados para beneficiar a emprendimientos privados.
En una serie de operativos simultáneos autorizados por la Justicia, agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción allanaron tres inmuebles vinculados a las pesquisas: AP Construcciones, Cóndor S.A.C.I. y el local Punto Perón.
Las sorpresas no tardaron en aparecer durante el despliegue policial y fiscal, ya que al llegar a la supuesta sede de la firma AP Construcciones, los investigadores constataron que la empresa proveedora sencillamente no existía en la dirección registrada. Mientras tanto, en los otros dos establecimientos se incautó una importante cantidad de documentación contable y operativa que será clave para determinar el alcance de la red y establecer las responsabilidades penales de los implicados.
La trama salió a la luz tras la difusión de contundentes registros audiovisuales y denuncias periodísticas que mostraban a cuadrillas enteras de la Dirección de Vialidad comunal trabajando en predios particulares durante su jornada laboral. Entre las intervenciones bajo la lupa figura la pavimentación de un complejo deportivo privado de unos 900 metros cuadrados, donde se habrían volcado cerca de 70 toneladas de mezcla asfáltica estatal en operaciones realizadas los días 3 y 17 de junio pasados.
A esto se suma el asfaltado del estacionamiento de un local comercial, también ejecutado con recursos públicos. Según las estimaciones iniciales, el perjuicio económico directo a las arcas municipales supera los 100 millones de guaraníes. Sin embargo, el negocio clandestino iba mucho más allá: los sospechosos cobraban supuestamente a los propietarios privados alrededor de 350.000 guaraníes por cada metro cuadrado pavimentado, un dinero que jamás ingresó al patrimonio de la comuna asuncena. Con la documentación incautada, los fiscales buscan ahora cerrar el cerco sobre funcionarios e intermediarios para formalizar las primeras imputaciones por delitos contra el patrimonio público.
Fuente: ABCDigital
