ASUNCIÓN. En una jornada clave para la justicia penal paraguaya, el exintendente de Ciudad del Este (CDE), Miguel Prieto, enfrenta la etapa central de su juicio oral y público por el emblemático caso conocido como «Tía Chela».
El Ministerio Público ha ratificado una postura tajante contra el exjefe comunal, acusándolo formalmente de lesión de confianza y asociación criminal, delitos que exponen el presunto uso corrupto de recursos públicos bajo la fachada de la asistencia social durante la peor crisis sanitaria global.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción sostienen que, bajo el amparo de la emergencia por el COVID-19 en el año 2020, Prieto lideró una estructura para direccionar una licitación por vía de excepción y beneficiar de forma ilícita a la empresa Tía Chela S.R.L.. Según el requerimiento fiscal, se simuló la adquisición de 25.000 kits de víveres destinados a familias vulnerables de la región, ocasionando un perjuicio patrimonial estimado de G. 2.130.036.160 a las arcas de la Municipalidad de CDE.
La acusación técnica es demoledora: la empresa adjudicada carecía por completo de la capacidad logística y el stock para proveer el volumen de alimentos exigido, por lo que las autoridades municipales —en complicidad con los proveedores— habrían fabricado facturas falsas con fechas posteriores para blanquear un desembolso que ya se había consumado.
El tribunal de sentencia, presidido por la jueza Ana Rodríguez, dio inicio formal a la producción de pruebas documentales presentadas por la fiscalía, las cuales buscan demostrar que los alimentos pagados con dinero de los contribuyentes nunca existieron o se entregaron de forma meramente parcial. Mientras la defensa de Prieto alega una supuesta «persecución política» para desviar la atención, los investigadores afirman contar con pruebas irrefutables sobre un negociado que lucró con el hambre ciudadano.
Este proceso se ha convertido en el símbolo del despilfarro municipal y la impunidad en la gestión de fondos públicos, instalando una fuerte indignación social ante la sospecha de que la corrupción en la pandemia vuelve a encontrar resquicios de protección en los pasillos de los tribunales paraguayos.