Cuando los papeles queman en los tribunales, los secretos mejor guardados suelen salir a la luz de la mano de sus propios protagonistas. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el denominado «caso Tajy», donde un grupo de exfuncionarios clave de la administración del exintendente Miguel Prieto decidió pasar por mesa de entrada, confesar formalmente ante la justicia y confirmar punto por punto el libreto denunciado por el Ministerio Público.
En busca de una suspensión condicional del procedimiento, los antiguos leales admitieron sin rodeos que formaron parte de un esquema montado para simular una compra de insumos de panadería que jamás existió.
Las confesiones judiciales permitieron reconstruir la tramoya desde adentro. Maggi Elizabeth Fariña Almada, excoordinadora de la UOC, admitió haber usado la crisis del COVID-19 como la excusa perfecta para emitir dictámenes exprés y redactar pliegos a medida. Según su propio relato, invitaba selectivamente a proveedores del entorno del jefe comunal y armaba el escenario para adjudicar el contrato a «Tajy Servicios Generales». Lo insólito —y que hoy todos admiten— es que la firma pertenecía al tío de la exnovia de Prieto y su especialidad real no era la repostería, sino la perforación de pozos artesianos.
El circuito de la confesión no se detuvo en las contrataciones. El ex-tesorero Nelson Alexis Segovia Acevedo y la ex-encargada de órdenes de pago Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez también reconocieron su participación en el engranaje. Ambos admitieron ante las autoridades que, a sabiendas de que se trataba de un montaje documental y de que los insumos no pisarían las dependencias municipales, firmaron y autorizaron los desembolsos administrativos para concretar el pago a la empresa favorecida.
Con estas declaraciones, los procesados reconocieron los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, validando la acusación fiscal. Gracias a la propia voz de quienes apretaron los botones administrativos, quedó sellada la verdad judicial: la Municipalidad desembolsó Gs. 306.188.500 por mercaderías invisibles, dejando al descubierto que en aquella licitación lo único real fue el pozo patrimonial que le dejaron a la comuna.
