Esta tarde, la Fiscalía formuló acusación contra la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, y el esposo de la misma, por lesión de confianza. El Ministerio Público también presentó imputación contra el titular del PLRA, Efraín Alegre, por causa de hechos punibles contra la prueba documental, es decir, falsificación de facturas.
Los agentes fiscales Lilian Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción presentaron acusación contra Patricia Samudio (foto), Félix Chávez, Roberto Cabrera, Miguel Darío Cáceres, Freddy Careaga Arias y José Costa Perdomo (pareja de Samudio) por Lesión de Confianza. Además solicitan la elevación de la causa a Juicio Oral y Público. Estas personas son sindicadas de la compra irregular de insumos que derivó en un perjuicio patrimonial de Petróleos Paraguayos (Petropar).
El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos de prueba que indican que Samudio Torras autorizó por compra directa, vía excepción con recursos propios de Petropar, la compra de insumos valiéndose de la declaración de emergencia sanitaria en relación a lucha contra el COVID-19. La extitular del ente consintió la compra de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas N°95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros, 30 unidades de pallets, 15 unidades de termómetro láser, 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades media máscara para 2 cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 unidades de bidones de 5 litros. Así como las adquisiciones de 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítems N °6 consistentes en 400 mamelucos descartables de PVC, y 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000 adquiridas que sí ingresaron.
Según la acusación fiscal, a más de detectarse la ausencia de estas mercaderías en el patrimonio del ente en contraprestación de lo abonado, la extitular de petrolera estatal compró todos estos productos inexistentes por precios muy superiores al precio real del mercado, es decir todos sobre facturados. Todas las operaciones de compras estuvo a cargo de la Dirección Operativa de Contrataciones de Petropar , montaje para justificar y legitimar el desembolso de dicha suma de dinero del ente a cargo de Delia Patricia Samudio Torras, en connivencia con los propietarios de las empresas proveedoras, quienes prestaron su firma y toda su estructura para lograr el perjuicio patrimonial.:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/6MJVIAYNJJB2BCEDDRNEH5HQVA.jpg)
El agente fiscal Édgar Sánchez formuló acusación y solicitó la elevación a juicio oral en contra de Pascual Benítez Barrientos y Pedro Efraín Alegre Sasiain, a quienes se les atribuye hechos punibles contra la prueba documental: producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores.
Según el relato de los hechos, Silvio Martínez, propietario de la estación de servicio “Catedral”, situada en Ciudad del Este, denunció la existencia de una factura por valor de G. 98.000.000. El mismo refiere no haber prestado servicios a la nucleación política por dicho monto. Asimismo, señala que el documento es una clonación o imitación de las facturas utilizadas en su estación de servicio, sin embargo la misma presenta visibles diferencias para con la auténtica.