ASUNCIÓN. El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos determinó de forma oficial que el intendente de Ciudad del Este y precandidato presidencial, Miguel Prieto Vallejos, deberá afrontar un juicio oral y público. Está acusado por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Junto a Prieto, otras seis personas vinculadas a su administración municipal también fueron elevadas a la etapa de juzgamiento público. La resolución judicial se dio luego de que el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, se ratificara plenamente en la acusación presentada por el Ministerio Público durante el desarrollo de la audiencia preliminar.
Tras notificarse la decisión, el intendente esteño cuestionó duramente la objetividad del proceso y calificó el avance judicial como una «persecución política». Prieto apuntó de manera directa contra la cúpula oficialista de la capital y aseguró que el caso busca «frenar» sus intenciones de competir electoralmente en las elecciones presidenciales.
¿En qué consiste el caso? La hipótesis del Ministerio Público apunta a un presunto esquema de corrupción pública estructurado dentro de la Municipalidad de Ciudad del Este durante el periodo más estricto de la emergencia sanitaria: El perjuicio económico: La Fiscalía sostiene que existió un daño patrimonial que asciende a los G. 306.188.500 en perjuicio de los fondos municipales. Compras simuladas: De acuerdo con la acusación, en junio de 2020 la intendencia convocó a una licitación por la vía de la excepción para la compra de víveres e insumos de panadería destinados a familias vulnerables de la zona.
Sin embargo, el Ministerio Público afirma que las mercaderías abonadas nunca fueron entregadas y que se trató de una adquisición simulada. La firma adjudicada: El direccionamiento se habría realizado hacia la empresa unipersonal denominada «Tajy». Las pericias fiscales revelaron que el rubro comercial real de dicha firma estaba limitado a la perforación de pozos artesianos, por lo que carecía por completo del stock o la capacidad logística para proveer los alimentos solicitados.
Roles en la estructura: Los agentes fiscales sindican a Miguel Prieto de haber encabezado un grupo permanente integrado por funcionarios en puestos clave y de su extrema confianza para manipular los procesos licitatorios y autorizar los desembolsos irregulares. La postura de la defensa: Durante las jornadas de la audiencia preliminar, el abogado defensor de Prieto solicitó el sobreseimiento definitivo.
El argumento central de la defensa radicó en que el Ministerio Público no realizó una investigación de campo exhaustiva. Sostuvieron que la fiscalía no allanó en su momento la planta procesadora de alimentos para constatar la existencia real del stock y acusaron a las autoridades judiciales de forzar el traslado del caso a Asunción con el único fin de generar un «desgaste económico y anímico» en el jefe comunal.