La opinión pública asiste a una llamativa distracción mediática: gran parte de la prensa nacional prefiere enfocarse de manera obsesiva en el repentino quiebre interno entre Horacio Cartes y Pedro Alliana por la candidatura presidencial del 2028, mientras el caso “Lalo” Gomes detona la peor crisis de narcopolítica del gobierno actual.
En lugar de fiscalizar cómo la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) operaba estructuralmente para encubrir capos mafiosos, los flashes apuntan al novelón colorado.Esta cortina de humo mediática tapa una realidad demoledora: la Fiscalía acaba de desarticular la cúpula de inteligencia y de las Fuerzas Especiales de la Senad, decretando la prisión de jefes clave como el exdirector general antidrogas Hugo Derlis Baptista Báez y el Cnel. Aldo Pintos, acusados de reventar operativos secretos para beneficiar al clan criminal del fallecido diputado.
Mientras la prensa analiza al detalle las quejas de Alliana y el intento de imposición de Cartes, se diluye el hecho de que el aparato estatal bajo la presidencia de Santiago Peña ha quedado completamente expuesto ante el crimen organizado, dejando al descubierto que la violenta muerte de Gomes pudo tratarse de una conveniente «quema de archivo» para proteger los hilos financieros de la cúpula mayor del poder.
Los nexos de Eulalio «Lalo» Gomes con el poder de turno en Paraguay son tanto de carácter político-partidario como de profunda infiltración en los órganos de seguridad e inteligencia del Estado. Su figura conectaba de forma directa el dinero de la frontera, la cúpula del partido oficialista y los organismos gubernamentales.
Los vínculos principales que comprometen al actual gobierno y a su entorno se agrupan en tres ejes esenciales:
1. Infiltración y control total en la Senad (Poder Ejecutivo). La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) depende directamente de la Presidencia de la República, liderada por Santiago Peña. Las últimas investigaciones fiscales de septiembre de 2026 han dejado en evidencia que la cúpula operativa de esta institución respondía de manera sumisa a las órdenes de Gomes. Fuerzas de élite a su servicio: El exdirector general antidrogas, Hugo Derlis Baptista Báez (quien además es presunto primo hermano de Gomes), y el excomandante de las Fuerzas Especiales, Cnel. Aldo Pintos, están imputados por desviar operativos secretos. Trato de «Líder» y favores estatales: En las pericias técnicas de los chats telefónicos se descubrió que los altos mandos de la Senad se referían a Lalo Gomes como «Mi líder» o «Poderoso». Gomes utilizaba este control para ordenar traslados, nombramientos de familiares y la filtración de alertas tempranas para que capos narcos (como el brasileño Ronaldo Mendes Nunes) lograran fugarse en los propios vehículos del diputado justo antes de los allanamientos.
2. Pertenencia y financiamiento en Honor Colorado (Horacio Cartes)Eulalio Gomes no era un actor externo; era una pieza clave dentro de Honor Colorado, el movimiento oficialista que llevó a Santiago Peña a la presidencia y que es presidido por el exmandatario Horacio Cartes. Financiamiento de campaña y lealtad: Aunque inicialmente financió al sector abdista, tras las elecciones generales de 2023 mutó rápidamente su lealtad política hacia la estructura de Cartes y brindó un sólido respaldo económico y territorial a la campaña del cartismo en el departamento fronterizo de Amambay. Comunicaciones directas: Los peritajes exponen chats fluidos que datan desde 2019 entre Horacio Cartes y «Lalo» Gomes. Si bien los voceros cartistas argumentan que los mensajes correspondían estrictamente a transacciones comerciales privadas (como la compra de ganado de empresas de Cartes), la oposición sostiene que demuestra el alto nivel de acceso y el blindaje mutuo que existía entre el capo de frontera y el líder supremo del partido de gobierno. Incluso, poco antes de su muerte, Gomes se exhibía públicamente en la residencia de Cartes para darle soporte político.
3. Red de influencias en ministerios y el Poder Judicial. Los chats extraídos de su celular han provocado un efecto dominó que compromete a múltiples funcionarios actuales instalados por el oficialismo: Su sobrina como operadora: Lizany Solís Gómez (funcionaria legislativa) actuaba presuntamente como la pieza clave encargada de intermediar con fiscales y jueces para «limpiar» y congelar las causas penales de narcotráfico vinculadas al clan. Ministros implicados: Las desclasificaciones judiciales salpicaron a figuras de peso del entorno de seguridad nacional, mencionando contactos frecuentes con importantes actores del ámbito de inteligencia y la justicia que habrían facilitado el tráfico de influencias del diputado. El principal problema político para el gobierno de Peña radica en que Lalo Gomes no operaba en las sombras; ejercía su influencia a plena luz del día como un diputado oficialista protegido por las mismas instituciones que debían investigarlo.