El empresario brasileño Aparecido Karlos Bernardo (conocido como Carlos da UCP) se encuentra en el centro de una compleja red fronteriza que conecta la educación universitaria con capos de la mafia, blanqueo político, falsificación de títulos y graves crímenes laborales. Fundador de la Universidad Sudamericana (UNISUD) en 2008 y director general de la Universidad Central del Paraguay (UCP), Bernardo ha visto su nombre ligado a algunos de los episodios más oscuros de la frontera paraguayo-brasileña. Su posición se complicó drásticamente cuando la Policía Federal de Brasil y el Ministerio de Trabajo allanaron su propiedad rural en Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul) mientras era candidato a diputado federal por el partido União Brasil; en dicho operativo, las autoridades incautaron 14 armas de alto calibre y rescataron a 23 trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud, acusaciones que el empresario rechazó atribuyéndolas a una supuesta persecución política.
El turbulento historial de la Universidad Sudamericana refleja fielmente las disputas de poder de la mafia fronteriza, ya que la institución llegó a convertirse en un botín de guerra entre los principales capos del narcotráfico. En 2015, debido a deudas financieras, el poderoso capo Jorge Rafaat Toumani inyectó capital y se apoderó del control total de la universidad. Tras el espectacular asesinato de Rafaat en junio de 2016, Karlos Bernardo recurrió a la intermediación de la abogada Laura Casuso —representante del capo Jarvis Chimenes Pavão— para disputar los bienes y arrebatarle la casa de estudios a los herederos de Rafaat, un conflicto judicial y fáctico que se cerró poco antes de que la propia Casuso fuera también asesinada a tiros en Pedro Juan Caballero.
Para intentar limpiar la imagen corporativa de la universidad y otorgarle un manto de legitimidad institucional, la administración incorporó en puestos clave a figuras de alto perfil político y judicial, incluyendo al político Euclides Acevedo en el rol de rector y al magistrado Óscar Rodríguez Kennedy como decano de la Facultad de Derecho. A pesar de estos intentos de blanqueo, la Universidad Sudamericana terminó operando presuntamente como una fábrica de credenciales académicas falsas, un escándalo que detonó a nivel nacional con el juicio oral y público al exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán David Rivas.
El Ministerio Público acusó formalmente a Rivas de haber utilizado un título de abogado totalmente apócrifo expedido por esta institución para acceder a cargos de altísima relevancia jurídica; durante el proceso penal, el titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) sepultó la defensa al declarar que la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana nunca existió formalmente ni estuvo catastrada, sumado a que decenas de supuestos excompañeros testificaron bajo juramento que jamás vieron a Rivas pisar un aula. Tras este largo historial de escándalos, crímenes y muertes de sus socios comerciales, Karlos Bernardo se desprendió finalmente de la institución vendiéndola al Grupo Internacional Élève —conglomerado educativo que también administra la Universidad Americana—, el cual se encuentra presidido por Arturo Peralta Vierci y lleva al doctor Sergio Duarte Masi en la rectoría académica.