En un fallo histórico que desnuda la impunidad y el blindaje político, el Tribunal de Sentencia condenó en primera instancia a 8 años de pena privativa de libertad al exsenador Hernán Rivas, al hallarlo culpable de los delitos de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, tras ratificarse de manera contundente que nunca cursó la carrera de Derecho.
Durante la lectura del veredicto, la presidenta del tribunal, la jueza María Fernanda García de Zúñiga, lo calificó de forma categórica como un «alumno fantasma» que no dejó rastro académico, administrativo ni contable en las aulas, provocando que el magistrado Juan Carlos Zárate Pastor votara en disidencia para exigir una pena aún mayor, de 14 años de cárcel, debido a la gravedad del daño institucional.
La farsa de Rivas no fue un hecho aislado, sino la cúspide de un esquema de poder; una burla que comenzó con un feroz atropello político en la Cámara de Diputados en junio de 2020, donde la bancada mayoritaria forzó y violó abiertamente la Constitución Nacional con el único fin de remover de manera ilegal al entonces diputado Ramón Romero Roa (+) para cederle el espacio al «abogado falso» en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En total, Rivas acumuló casi 4 años dictando fallos dentro del JEM: aproximadamente 3 años como representante de Diputados (2020-2023) y cerca de 4 meses como senador (2023), periodo en el cual llegó a ocupar escandalosamente la presidencia del órgano juzgador.
Tras confirmarse judicialmente la usurpación, el sistema judicial paraguayo se enfrenta ahora a un terremoto de proporciones incalculables, ante una inminente «catarata» de denuncias y pedidos de nulidad sobre absolutamente todas las resoluciones que Rivas firmó, incluyendo el período en el que vergonzosamente ejerció como presidente del órgano encargado de juzgar a jueces y fiscales. Expertos del ámbito legal advierten que este escenario obligará a una masiva revisión caso por caso, poniendo la mira sobre aquellas causas donde el voto del falso abogado fue determinante para alcanzar la mayoría requerida para sancionar, destituir o absolver a operadores de justicia.
Con más de un centenar de fiscales y jueces juzgados bajo su gestión, los afectados tienen ahora el camino libre para presentar acciones de inconstitucionalidad alegando que sus procesos fueron viciados de origen, lo que ha llevado a miembros del propio JEM a admitir que el accionar de su expresidente dejó un “daño irreparable”. Mientras Rivas mantiene temporalmente la libertad ambulatoria bajo medidas cautelares hasta que la condena quede firme, la tormenta jurídica que se avecina amenaza con tumbar fallos clave, arrastrando al país a un bochorno internacional y reactivando la exigencia ciudadana de castigar también a los padrinos políticos que sostuvieron al impostor en el poder.