Los representantes convencionales del gobernador de Central Hugo Javier González, abogados Andrés Casati y Fausto Portillo en estudios de «PDS radio y TV digital» conversaron ayer respecto a la nueva investigación que está llevando adelante la fiscal Natalia Fuster en respuesta a la denuncia de la transferencia de G. 6.000 millones supuestamente irregular a una ONG. Portillo indicó que según informes obtenidos por la propia Gobernación, el hecho se trata de un convenio vigente que se encuentra en plena ejecución, y que está dentro del plazo para la finalización o cumplimiento de los proyectos pactados con la Fundación Tekove, por lo que “mal podría configurarse el delito de lesión confianza si todavía el convenio está vigente”.
Explicó que la firma del convenio se realizó el pasado 30 de setiembre y que el primer desembolso se concretó el 14 de octubre de 2021, sobre el punto acotó que la Ley de Presupuesto establece que a partir del desembolso de las sumas destinadas para la ejecución del proyecto, las partes tienen 60 días para presentar su rendición y para concluir el proyecto con un plazo de gracia de 15 días hábiles para la presentación final de la documentación.
Indicó que según la constructora a cargo de las obras, las mismas se encuentran al 20% de ejecución, pero que a raíz de la investigación abierta por la fiscalía, los trabajos se encuentran paralizados.
En lo referente a la primera denuncia y por la cual pesa una imputación contra el gobernador y otras 14 personas, sostienen que todas las obras denunciadas como fantasma si existen y que en ningún momento se pagaron por obras que no se hicieron, y mucho menos se abonó el doble por ellas.
Ambos profesionales abogados se ratificaron en que el proceso abierto contra su cliente por los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal se trata más bien de cuestiones políticas, además aseguraron que las obras existen y que el Ministerio solo se basó en denuncias y no realizaron ninguna verificación.
En cuanto a la rectificación de las facturas en el marco de la rendición de cuentas, mencionaron que en ningún momento la rendición de cuentas fue presentada por el gobernador González, aclarando que la misma es obligatoria para quien recibe los fondos y la sola presentación de la rendición de cuentas por parte de la ONG no implica aceptación de la gobernación y está sujeta a verificación.
Otro punto al que el abogado hizo referencia es que una vez recepcionada la rendición de cuentas, inmediatamente se debe informar a la Contraloría General sin ningún tipo de análisis, ya que esa parte corresponde a la auditoría interna.
Asimismo expresó que la Contraloría General de la República cuenta con una resolución que habilita por única vez a todas las instituciones obligadas a presentar rendición de cuentas a solicitar la rectificación.
Señalaron que las facturas falsas que fueron presentadas no tienen nada que ver con el gobernador y que a medida que avance el proceso penal se irá esclareciendo a que quien se lo responsabiliza de la expedición de los documentos falsos.
Fuente: pds.com.py