El juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, comenzó formalmente el lunes 31 de agosto de 2026 ante un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.
El proceso investiga una presunta compra fraudulenta de 25,000 kits de alimentos destinados a familias vulnerables durante la pandemia del COVID-19 en 2020. La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta y Verónica Valdez, sostiene que existió un perjuicio patrimonial de entre G. 2.130 millones y G. 2.949 millones bajo las figuras legales de lesión de confianza y asociación criminal. Junto al líder político, otras 10 personas se encuentran en el banquillo de los acusados.La primera jornada estuvo marcada por una fuerte tensión jurídica y política.
El Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, rechazó de forma unánime un intento de suspensión planteado por la defensa de uno de los procesados. El colegiado consideró la petición como una maniobra dilatoria y aplicó una sanción disciplinaria al abogado defensor. Por su parte, el equipo legal de Prieto solicitó formalmente reincorporar a más de 26 testigos clave que habían quedado excluidos en las etapas previas del proceso.
En paralelo, el Ministerio Público requirió nuevos informes de trazabilidad económica a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).A su llegada al Palacio de Justicia, Prieto estuvo acompañado por un grupo de adherentes y brindó declaraciones a los medios de comunicación.
El exintendente calificó la causa penal como una persecución política orquestada por el oficialismo con el único objetivo de inhabilitar y frenar su carrera de cara a las próximas elecciones presidenciales. Tras resolver las incidencias iniciales y escuchar los alegatos de apertura, el Tribunal dictó un cuarto intermedio y programó la reanudación de la audiencia para el próximo lunes 7 de septiembre de 2026 a las 08:00 horas.